El derribo de los muros de la Cárcel Vieja de Murcia mantiene enfrentados al Ayuntamiento y al Tribunal Superior de Justicia, de un lado, y al Ministerio de Cultura y a la asociación conservacionista Huermur, del otro. Ayer, la Dirección General de Bellas Artes, perteneciente al Gobierno de España, abrió un expediente para investigar si el Ayuntamiento está incurriendo en un «expolio» al derribar estos muros. Pero horas más tarde, la sala de lo contencioso del TSJ dictaba un auto permitiendo la continuación de las obras de rehabilitación.
Huermur denunció los hechos el pasado 17 de julio ante el Ministerio, basándose en el artículo 4 de la ley del Patrimonio Histórico Español, que define como expoliación «toda acción u omisión que ponga en peligro de pérdida o destrucción todos o alguno de los valores de los bienes que integran el patrimonio nacional».
Desde el Ministerio, según Huermur, han solicitado la correspondiente información tanto al Consistorio como a la Comunidad Autónoma para verificar las circunstancias de la denuncia de Huermur y, en su caso, tomar las medidas oportunas.
La antigua prisión provincial, que fue inaugurada en 1929 y cayó definitivamente en desuso en los años 80, tiene una protección provisional como Bien de Interés Cultural (BIC). Desde Huermur avisan de su intención de acudir a instancias europeas si fuera necesario para pedir amparo y soluciones en contra del actual proyecto municipal de rehabilitación del inmueble, y por el que ya se ha iniciado el derribo de parte de los muros del antiguo penal.
Desestimado como BIC
Por su parte, el Ayuntamiento de Murcia, adjudicatario de los trabajos, señala que con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia se permite la continuación de las obras que comenzaron a principio de esta semana.
En el auto, el tribunal reitera que la Dirección General de Bienes Culturales ya desestimó la solicitud cursada por Huermur para que el edificio se declarase Bien de Interés Cultural (BIC).
El consistorio murciano insiste en que todas las actuaciones desarrolladas para el inicio de la rehabilitación de la Cárcel Vieja se han ejecutado cumpliendo «de forma escrupulosa» la legislación vigente.
Tras conocer el expediente abierto por parte del Ministerio de Cultura y Deporte han remitido un oficio en el que, aseguran, aportan la documentación acreditativa de que todos los trámites seguidos por el equipo de gobierno son «legales» y acordes con el grado de protección que tiene el edificio, que es el recogido de forma expresa por el Plan General de Ordenación Urbana, «cuyo contenido se ha respetado y tenido en cuenta en todo momento», según dice el Ayuntamiento.
