La defensa de los jóvenes afganos denunciados por la presunta violación de tres hermanas estadounidenses el pasado uno de enero en Murcia ha pedido al juzgado de instrucción que investiga los hechos que la autenticidad de los vídeos aportados por ellos se lleve a cabo en la sede judicial y que no la lleve a cabo la Policía.
En un escrito presentado en el juzgado, al que ha tenido acceso Efe, la defensa presenta un recurso de reforma contra la providencia del pasado catorce de julio que acordó enviar los vídeos al Grupo de Delitos Tecnológicos de la Jefatura Superior de Policía de Murcia.
Dicho envío tenía por objeto que los especialistas de la Policía dictaminaran si los mismos habían sido manipulados o si, por el contrario, se correspondían fielmente con los que se contienen en los teléfonos móviles de los denunciados.
Dice el recurso que la citada providencia accedió a su petición de cotejo de los vídeos pero que no tuvo en cuenta que había solicitado que se llevara a cabo en sede judicial, "con luz y taquígrafos", en presencia de todas las partes, incluidos los jóvenes afganos.
Y añade que no tiene sentido hacer ese encargo a los funcionarios policiales, máxime si, como estos informaron en su día, no pudieron extraer la información contenida en los teléfonos móviles, "lo que sí saben hacer, obviamente, mis defendidos".
La defensa de los denunciados ha puesto especial interés en el contenido de los vídeos, ya que en los mismos aparecen denunciantes y denunciados en actitud aparentemente amistosa, lo que estaría muy lejos de las presuntas violaciones denunciadas, según ha expuesto en varias ocasiones.
Por otra parte, el juzgado no ha declarado la complejidad de la causa, al no haberlo solicitado la fiscalía, lo que supone que, en aplicación de la ley, las diligencias de instrucción deberán realizarse durante un plazo máximo de seis meses.
