La Concejalía de Seguridad Ciudadana y Gestión Económica del Ayuntamiento de Murcia, que dirige Eduardo Martínez-Oliva, ha extendido el plazo voluntario del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), que comenzó el viernes, hasta el 21 de septiembre.

El padrón consta de un total de 361.102 recibos por un importe total de 108.817.003,90 euros, de los cuales 9.521 están bonificados o exentos lo que supone un ahorro para los murcianos de casi 9 millones de euros, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

Así, del total de recibos, 5.112 (cuota bonificada 1.224.007,17 euros) están bonificados por familia numerosa general o especial; 137 (cuota bonificada 24.079,75 euros), por vivienda de protección oficial; 3 (cuota bonificada 6.568,54 euros), por tratarse de inmuebles que constituyen el objeto de la actividad de empresas de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria; 20 (cuota bonificada 2.385,78 euros), por declaración de interés cultural; 3.273 no sujetos (importe 3.920.366,20 euros) y 976 objetos tributarios exentos (importe 3.785.063,12 euros).

«El Ayuntamiento de Murcia ha mantenido los impuestos, tasas y precios públicos sin ningún tipo de alteración en el periodo 2013-2019, a pesar de que la actualización acumulada del IPC ha sido de un 5,8%», ha explicado el concejal Eduardo Martínez-Oliva.

«Durante estos seis años sin subida alguna sí se ha producido una bajada en la inmensa mayoría de los mismos. Así el IBI ha descendido en este tiempo en tres ocasiones siendo el volumen de la bajada en torno a un 15%», ha apuntado Martínez-Oliva.

Los contribuyentes que aún no tengan domiciliado el pago de este impuesto, recibirán en su domicilio en las próximas semanas la carta de pago correspondiente a sus inmuebles.

Igualmente, la Agencia Municipal Tributaria ha puesto en marcha de medidas complementarias extraordinarias de carácter tributario como Planes Personalizados de Pago (PPP). Concretamente, implementa medidas de flexibilización en el cobro de los PPP aprobados hasta la entrada en vigor del estado de alarma, mediante la puesta en marcha de procedimientos de pago aplazado hasta el 31 de diciembre de 2020.

Asimismo, ha implantado procedimientos de recobro de deudas en período voluntario para aquellos cargos en cuenta de domiciliaciones que fuesen devueltos por las entidades financieras por no haber podido ser atendidos por el contribuyente.