Un policía local de Murciaha reclamado una indemnización de 63.600 euros al Ayuntamiento por los daños y perjuicios que asegura le ha producido al enviarlo a un destino "de alto riesgo" al reincorporarse al servicio activo tras 13 años de excedencia y que le ha sumido en un estado de ansiedad.

En su reclamación, el agente aseguró que tras estar unos días en el archivo fue destinado a prestar sus servicios en el barrio del Polígono de la Fama de Murcia, donde, señaló, hay un alto nivel de delincuencia relacionada con tráfico de drogas, peleas y alteraciones del orden, entre otros.

Y añadió que lo lógico habría sido atribuirle un puesto de segunda actividad, al contar ya con 61 años.

También expuso que antes de pasar a ese destino solo tuvo dos prácticas de tiro y a corta distancia del blanco -cinco metros-, para añadir que tras su larga excedencia, estaba falto de preparación, por lo que percibió ese destino con temor, lo que le ocasionó una reacción de ansiedad, con llanto, angustia y desesperación.

El caso ha sido sometido a un dictamen del Consejo Jurídico de la Región de Murcia (CJRM), que, en un escrito que ha tenido acceso Efe, coincide con el instructor del expediente en que no cabe exigir responsabilidad patrimonial alguna al ayuntamiento, al no existir una relación de causalidad entre el daño por el que se reclama y el funcionamiento de los servicios públicos.

Comenta el informe que cuando decidió volver al servicio activo en la Policía Local, el demandante fue declarado apto, por lo que nada impedía que pudiera serle asignado ese destino.

Además, al referirse a la documentación aportada al expediente cita el escrito del inspector jefe de la Policía Local, en el que se indica que se le ofrecieron otros destinos más sedentarios, que no aceptó, y que fue destinado al Grupo de Barrios, el mismo en el que había estado antes y en el que se había desenvuelto "con soltura y eficacia".

Comenta este órgano consultivo de la administración que no consta que el reclamante solicitara el pase a la segunda actividad, que lleva su tramitación y que exige la emisión de un informe médico de valoración.