La Guardia Civil de la Región de Murcia, en colaboración con Confederación Hidrográfica del Segura, está desarrollando una investigación para esclarecer un caso de vertidos continuados en el azarbe Merancho, a su paso por la pedanía murciana de El Raal, que, hasta el momento, se ha saldado con la denuncia al gerente de una empresa por infracción a la Ley de Aguas, como presunto autor de un vertido de aguas residuales industriales al sistema público de saneamiento.
La investigación se inició la pasada semana, cuando la Benemérita detectó, gracias a la colaboración ciudadana, que se estaban produciendo continuos vertidos a la red de saneamiento público, en concreto en un azarbe de la capital, según informaron fuentes de la Benemérita en un comunicado.
La Guardia Civil activó el protocolo establecido para estos casos y movilizó a los efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) que, junto con agentes de Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), inspeccionaron el lugar donde se encontraban los restos del vertido y la empresa anexa al mismo, con la finalidad de verificar los hechos y establecer la trazabilidad del vertido.
Una vez en el lugar, los agentes identificaron al gerente de la empresa desde la que supuestamente emanaban los vertidos. Durante la inspección, tras analizar la red de alcantarillado, se comprobó que en la red de aguas pluviales también había restos de similar sustancia amarillenta a la hallada en el azarbe Merancho, por lo que se procedió a la toma de muestras de aguas para su posterior análisis con la finalidad de determinar si pudiesen causar daños sustanciales a la calidad del agua.
Se trata de unos vertidos que pueden deteriorar la calidad del agua o las condiciones de desagüe del cauce receptor, efectuados sin contar con la autorización correspondiente.
Los guardias civiles continuaron con la actuación y denunciaron al gerente de la empresa por infracción regulada en la Ley de Aguas, Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio. La infracción puede ser sancionada con multa de hasta un millón de euros, según la repercusión en el orden y aprovechamiento del dominio público hidráulico, a su trascendencia por lo que respecta a la seguridad de las personas y bienes, así como a las circunstancias del responsable, su grado de malicia, participación y beneficio obtenido, así como al deterioro producido en la calidad del recurso afectación a la calidad de las aguas.
La Guardia Civil continúa con la investigación y ha abierto diligencias para determinar si los hechos pudieran constituir un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, delito castigado con penas de prisión de 6 meses a 2 años y multa de 10 a 14 meses e inhabilitación especial para profesión u oficio de 1 a 2 años.
