22 de febrero de 2020
22.02.2020
Social

Investigan si tres internos de la residencia de El Palmar fueron víctimas de maltrato

La hija de una anciana alertó en diciembre de que su madre era objeto de vejaciones en el centro

22.02.2020 | 04:00

Los familiares de varios usuarios ya alertaron por carta de "deficiencias"

Una mujer, que ya en el mes de diciembre empezó a sospechar que su madre podría estar sufriendo malos tratos en la residencia de El Palmar, está en el origen de la investigación abierta en este centro del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS), indican fuentes cercanas al caso.

En aquel momento, esta mujer puso el asunto en conocimiento de la Secretaría de Servicios Sociales de Comisiones Obreras, que trasladó el caso a la Federación de Servicios a la Ciudadanía del sindicato. El secretario general de la FSC-CCOO se reunió con esta mujer, para escuchar su testimonio, y la transmitió la confianza en los trabajadores de la residencia y su creencia de que lo que la mujer denunciaba no se correspondía con la realidad del día a día del centro.

Del caso que partió de esta denuncia particular de la señora también tuvo conocimiento la Inspección de Servicios Sociales de la Consejería de Política Social de la Región de Murcia. En estos momentos el asunto se encuentra judicializado y la investigación abierta.

A raíz del caso que salió a la luz en marzo de 2019, cuando los dueños de una residencia privada de Murcia eran detenidos por, presuntamente, maltratar a sus internos y hasta estafarlos, los centros de mayores se pusieron en el punto de mira y las quejas y denuncias al respecto se incrementaron. La Policía Nacional tomó entonces declaración a responsables de varias residencias de mayores de la Región, aunque únicamente efectuó los arrestos de los ya citados propietarios del ILE Senior Club. Desde el Cuerpo, no obstante, incrementaron la labor para detectar presuntos abusos que se estuviesen produciendo en centros de la provincia. Entre ellos, el de El Palmar.

En el marco de la investigación de este caso, una forense del Instituto de Medicina Legal de Murcia se desplazaba el pasado jueves al centro Obispo Javier Azagra, donde examinó a tres personas mayores internas allí. Asimismo, la médico supervisó distintos fármacos que tendrían prescitos estos internos en concreto, por si los ancianos estuviesen desatendidos o no les diesen su correspondiente medicación.

El asunto de la atención médica bajo sospecha se debería a lo ya expresado desde hace meses por parientes de los usuarios del centro, que habrían llegado a quedarse sin médico el año pasado, aseguran estos familiares. Los enfermeros del centro, ante esta situación, «solicitaban atención médica a demanda del SMS», esto es, cuando consideraban que un interno en concreto lo necesitaba.

A la espera de conocer el resultado definitivo del informe de la forense, fuentes próximas al caso explicaron que, de haber detectado la facultativa algún signo evidente de malos tratos en los ancianos, se habría alertado inmediatamente a los Servicios Sociales, cosa que no se hizo.

«El asunto está judicializado y no vamos a hacer ningún tipo de declaración. Simplemente, nos ponemos a disposición del Juzgado para lo que estime conveniente», declaró este viernes Antonio Sánchez Lorente, secretario general de la Consejería.

A propósito de esta investigación, que sigue abierta, Francisco Saura, coordinador de la Administración Autonómica de la Federación de la Ciudadanía de Comisiones Obreras, dijo que «es bueno que haya un control de los centros públicos y privados». En este caso concreto, Saura achacó las «carencias» que hay a «la falta de personal» y al hecho de que «los usuarios cada vez son más dependientes», y destacó que los empleados del centro «son profesionales» que no dan abasto.

Familiares de varios residentes en el centro para la tercera edad Obispo Javier Azagra mandaron hace unos meses una carta a la Consejería de Política Social de la Región en la que denunciaban «deficiencias» en el trato dispensado a sus mayores. Tal y como se lee en la misiva, a la que ha tenido acceso LA OPINIÓN, los parientes de los usuarios valoran el trabajo de los empleados del centro y creen que lo que existe en el mismo es «un problema sistémico» más allá de «la mala actitud de algún profesional en un momento puntual».

Los familiares, que enviaron esta carta en septiembre, hacen hincapié en que las personas internas en la residencia son «especialmente vulnerables» y «han tenido vidas muy difíciles». Por este motivo, solicitan que haya un médico «de forma permanente y definitiva» en el centro, puesto que los ancianos lo necesitan.

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