Los escombros en vertederos ilegales del municipio de Murcia campan a sus anchas, lo que está provocando perjuicios a las empresas que se ajustan a la ley y que tiran estos residuos, principalmente, de la construcción en instalaciones autorizadas por las administraciones públicas. Al menos así lo ve la Asociación de Transportistas de Residuos de Murcia, ATRARESMUR, que denuncia que el vertedero municipal de la capital se cerró hace casi cuatro años sin que la principal población de la Región pueda prestar este servicio necesario para este sector.

La escombrera municipal abrió sus puertas hace casi tres lustros y se encontraba junto al vertedero de basura de Cañada Hermosa. Era gestionado por encargo del Ayuntamiento por una empresa privada, que cesó en esta actividad debido al impago por parte de la Hacienda local, explican a esta Redacción fuentes de la citada asociación empresarial. Estos profesionales del transporte indican que la clausura del vertedero de escombros desde hace cerca de cuatro años les está suponiendo un encarecimiento de su trabajo, ya que se ven obligados a trasladarse a otras localidades de la Región, e incluso a Alicante para depositar de manera legal los deshechos de la construcción.

Así, se trasladan a vaciar sus contenedores de obra a instalaciones autorizadas de Totana, Alhama e incluso Benferri, en la provincia de Alicante. «Esto es una ruina, Por cada tonelada se paga como mínimo seis euros y podemos transportar hasta 4.000 toneladas en cada viaje, a lo que hay que sumar la gasolina y los gastos del vehículo que llevamos», afirma un portavoz de la Asociación de Transportistas de Residuos, quien añade que el perjuicio es aún mayor puesto que hay empresas que no cuentan con autorización de transporte de este tipo de residuos y hacen un trabajo que genera competencia desleal. Además, comenta que en Urbanismo les ponen pegas cuando llevan los certificados del vertedero de Benferri, por ser de otra provincia.

También, según indican, existe un perjuicio medioambiental para todo el municipio con la proliferación de vertederos ilegales de escombro. Esta organización calcula que en cada pedanía hay una escombrera clandestina en la que vierten las empresas sin permiso, y que provoca protestas vecinales por los malos olores, contaminación paisajística y proliferación de roedores. La Asociación de Transportistas de Residuos ha constatado que estas empresas son multadas por las administraciones cuando «son pilladas, pero las sanciones no las disuaden porque les sale más barato pagarla que funcionar con la legalidad por tener que desplazarse a otros municipios a echar los escombros».

Desde el Ayuntamiento, el concejal de Urbanismo, Antonio Navarro Corchón, indicó que tener una escombrera pública no es competencia del Ayuntamiento, que ya ha asumido a lo largo de los años la prestación de servicios que no le son propios. Se trata de competencias que debería prestar la Comunidad Autónoma, como es el caso de los escombros, y que en estos momentos la Administración local no puede asumir.

«Otra cosa son los residuos urbanos procedentes de la población, como la basura, que sí está obligado el Ayuntamiento a gestionar y atender con un servicio específico», resaltó el edil de Urbanismo. Esta asociación de transportistas entiende que la apertura de nuevo de la escombrera municipal acabaría con esa competencia desleal que «nos está costando la ruina».