In dubio pro reo es un principio jurídico que dicta que, en caso de duda, se favorecerá al imputado. En virtud de este principio, la Audiencia Provincial de Murcia ha absuelto a M. T. I., procesado por trata de seres humanos y por obligar a una joven discapacitada a ejercer la prostitución en Murcia.
«Este tribunal considera que del material probatorio obrante en autos no hay prueba de cargo suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia respecto a la acusación formulada por el Ministerio Fiscal contra M. T. I. y, en aplicación del principio 'in dubio pro reo', nos lleva a un pronunciamiento absolutorio respecto del mismo», se lee en el documento judicial.
En su escrito, la Fiscalía sostuvo que la víctima, una chica con discapacidad intelectual que no puede valerse por sí misma, fue traida a España desde Bulgaria por el principal acusado (ahora absuelto), con la finalidad de explotarla sexualmente. Una vez en España (concretamente, en Murcia) los otros dos procesados (una pareja, hombre y mujer, que están declarados en rebeldía) presuntamente colaboraron con él para aprovecharse de la víctima. Lo que hacían, prosigue el Ministerio Público, era llevar a la joven en su coche a zonas apartadas de la ciudad para que allí se prostituyese. Los ahora encausados se quedaban vigilando, y era la acusada femenina la que «controlaba» a la joven «cuando contactaba con los clientes», sostiene el Ministerio Público.
Los tres se quedaban con el dinero que los clientes daban a la víctima, a la cual «llegaron a intentar vender a una tercera persona, para que fuera ésta quien la explotase sexualmente», según la Fiscalía.
En la imagen, Rafael Antonio Carmona, abogado del principal acusado, que ha sido absuelto
La Fiscalía subraya que estos hechos son constituitivos de trata de seres humanos (que se le imputa al principal acusado) y de un delito relativo a la prostitución (para los tres procesados). Así, el Ministerio Público pide para el principal procesado la pena de 14 años de cárcel (siete por cada uno de los delitos), mientras que para cada uno de los otros dos, sus supuestos colaboradores, solicita siete años. También quiere que los tres abonen una multa de 20 meses con una cuota diaria de 6 euros, y que indemnicen conjuntamente a la víctima con 18.000 euros por lo que le hicieron.
Pero el principal acusado (defendido por el abogado Rafael Antonio Carmona) ha quedado absuelto y los otros dos no se sabe dónde están.
