03 de octubre de 2019
03.10.2019
Exalcalde

Cámara reclama 48.400 euros al alcalde para pagar a sus abogados

El Ayuntamiento no contesta a su petición, se han cumplido los plazos y el que fuera alcalde durante 20 años va al contencioso

03.10.2019 | 04:00
Cámara reclama 48.400 euros al alcalde para pagar a sus abogados

La ley le ampara para pedir que el Ayuntamiento de Murcia le abone la minuta que ha desembolsado de su bolsillo a abogados y procuradores en cuatro casos en los que se ha visto envuelto y que han sido archivados, y así lo ha hecho. Sin embargo, la Administración local ha dado la callada por respuesta y se han cumplido los plazos, por lo que el exalcalde Miguel Ángel Cámara, que ostentó el bastón de mando durante veinte años, ha recurrido al contencioso administrativo.

Esta es una de las patatas calientes que el actual alcalde, José Ballesta, se encontró encima de la mesa en noviembre pasado y que de momento ni siquiera ha contado con un informe de los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento, que ahora tendrá que responder en el tribunal contencioso administrativo al que ha recurrido Cámara. El que fuera mandatario municipal reclama 48.400 euros, según ha podido saber esta Redacción, de cuatro casos de los que ha salido indemne con autos de archivo o de cierre de diligencias.

Se trata de dos de las piezas separadas del caso Umbra, investigación judicial sobre los convenios que el Ayuntamiento firmó con promotores, constructores y empresarios para el desarrollo de la zona norte, que dieron lugar al caso Casino y Teatro Circo. Las otras dos causas hacen referencia a la demolición de la guardería de La Paz y a la compra de una vivienda por parte de los suegros del exalcalde, que fue exonerado y que se ampara en la legislación vigente para pedir que se le reembolse el dinero que le ha costado su defensa.

En el escrito dirigido al actual alcalde, Cámara expone que acudió a una defensa jurídica externa y no a los Servicios Jurídicos Municipales, entre otras razones, «por el hecho de que el Ayuntamiento estaba personado en las causas y por lo tanto no podía actuar como defensa al mismo tiempo» y añade en los fundamentos jurídicos de su reclamación que tiene derecho a que se le reintegren esos gastos en base a distintas normas jurídicas y a la sentencia del Tribunal Supremo de 4 de febrero de 2002. Ese fallo del Supremo dictó doctrina y considera indemnizables «los gastos de representación y defensa de los miembros de las corporaciones locales en un proceso penal».

En el documento entregado a Ballesta, el exalcalde explica que en los procedimientos judiciales a los que ha estado sometido siempre ha sido como miembro de la corporación y hace valer lo que consta en los autos de sobreseimiento. Así, indica que «su intervención en los hechos se ha realizado sin abuso, exceso, desviación de poder o en convergencia con intereses particulares o de otra índole, por lo que entendemos se cumplen con los dos primeros requisitos de la sentencia del Supremo».

Cámara también fue exonerado del caso Nueva Condomina, pendiente de recurso en la Audiencia. Cuando la sentencia absolutoria sea firme es previsible que reclame al Ayuntamiento un nuevo pago de los abogados y procuradores contratados para este asunto.

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