El pedáneo de Sucina, José Mercader, ha visto apoyadas sus peticiones al Ayuntamiento de Murcia para contar con más presupuesto de gestión directa gracias a la sentencia dictada por el Tribunal Supremo el pasado 24 de junio y que viene a respaldar la del TSJ de Murcia que fue recurrida por el Consistorio.

Mercader inició hace seis años una batalla judicial contra el Ayuntamiento de la capital para reclamar que el 8 por ciento del presupuesto sea gestionado directamente por las juntas municipales "tal y como recoge el artículo 40 del Reglamento del Ayuntamiento", según indica. Esta petición también fue una de las condiciones que el PSOE municipal puso sobre la mesa en el año 2017 para apoyar los presupuestos a Ballesta.

"Denunciamos al Ayuntamiento, el TSJ nos dio la razón, pero en lugar de cumplir la sentencia el Gobierno decidió intentar ganar tiempo y presentó un recurso de casación ante el Supremo, recurso que se ha resuelto ahora dándonos a nosotros la razón y diciendo al Consistorio que debe cumplir con ese 8 por ciento que debe a las pedanías", explica el pedáneo de Sucina.

Mercader insiste en que el alcalde de la capital "presume" de haber dado a las pedanías la mayor inversión de la historia, pero considera que "esta mayor inversión se ha producido como consecuencia de las reiteradas sentencias que nos han dado la razón", por lo que reclama al Ayuntamiento que en el Presupuesto de 2020 cumpla con ese 8 por ciento que "por ley nos corresponde" y le recomienda que "aprenda a vivir con sus propios recursos y no con el dinero de los vecinos de pedanías".

En este sentido, José Mercader estima que si se hubiera cumplido con el 8 por ciento Sucina hubiera percibido 340.000 euros frente a los 110.000 que se le han dado y ha puesto como ejemplo otros núcleos, como El Palmar, que pasaría de 600.000 euros a 3,5 millones de gestión directa.

Oficina de Defensa de Pedanías

Ante esta situación el pedáneo de Sucina ha exigido la dimisión del alcalde de Murcia y de los concejales Eduardo Martínez-Oliva, José Guillén y Rebeca Pérez y anuncia que pondrá en marcha la ODP (Oficina de Defensa de las Pedanías) para animar al resto de pedáneo a a defender sus derechos y reclamar este 8 por ciento utilizando para ello esta sentencia del Supremo. Además, llevarán a cabo un crowfunding para recaudar fondos con los que hacer frente a los procesos judiciales que se puedan poner en marcha.

Como es habitual, José Mercader ha puesto un punto curioso a su comparecencia ante los medios acompañándose de varias macetas con flores de Sichuan que se utilizan en la medicina tradicional para aliviar el dolor y que "algunos grandes restaurantes incluyen como instrumento para acelerar la salivación y sacar los sabores". Tras comerse una de ellas ha recomendado al Ayuntamiento que las utilice "para depurar y hacer limpieza".

"Se está cumpliendo con creces"

Desde el Grupo Popular indican que la sentencia del Tribunal Supremo que desestima el recurso del Ayuntamiento referido al Presupuesto de 2014 basa esta decisión en que, según los magistrados, no se acreditó convenientemente el porcentaje destinado a la gestión directa por parte de las juntas municipales.

Pese a eso, el fallo aclara en su parte expositiva que en el cálculo del 8% se deben incluir tanto los gastos gestionados directamente por las juntas municipales como los gastos impropios, aquellos gestionados por otros servicios municipales que les afectan directamente. "El Ayuntamiento incluyó este criterio en las bases de ejecución presupuestaria a partir de 2016, razón por cual desde ese momento se conoce con detalle qué partidas tienen como destino las pedanías", afirman.

En este caso se encuentran gastos como limpieza viaria, mantenimiento de parques y jardines, de colegios, de instalaciones deportivas o de alumbrado, seguridad, actividades en centros culturales y auditorios y limpieza de edificios. "Todo ello son fondos que se consumen en las pedanías y deben, por tanto, incluirse en el cómputo global del gasto descentralizado", advierte el concejal de Seguridad Ciudadana y Gestión Económica, Eduardo Martínez-Oliva, quien hace hincapié en que "según establece la sentencia del Tribunal Supremo, el Ayuntamiento está cumpliendo con creces el gasto destinado a las pedanías".

Así, en 2018 -último Presupuesto aprobado-, el Ayuntamiento invirtió en pedanías 55,1 millones de euros, lo que representa el 22,40 por ciento del total, cuando el 8 por ciento habría sido 19,6 millones de euros.

De los 55,1 millones, cerca de 17,5 millones fueron gestionados de forma directa o indirecta; 13,4 fue el importe de los gastos para mantenimiento (sin incluir consultorios, centros culturales, de mayores, colegios, plazas de abastos, etc.); 22,2 millones invertidos por las distintas concejalías; y 1,8 financiados por el plan de obras y servicios de la Comunidad Autónoma. A estas partidas se incorporaron otros 14 millones del plan extraordinario de inversiones, lo que elevó la cifra total de gasto en barrios y pedanías a 69,1 millones de euros.

La sentencia dada a conocer sobre la reserva de los fondos presupuestarios "no discrepa de la consideración para el cómputo del 8% de los recursos presupuestarios a gestionar por las pedanías o barrios de los que el Ayuntamiento denomina gastos directos o indirectos". Partiendo de su existencia, los magistrados concluyen que en ese momento no se acreditó que se alcanzase dicho porcentaje.