07 de mayo de 2019
07.05.2019
La Opinión de Murcia
Justicia

La Audiencia juzga a tres acusados de blanquear dinero del narcotráfico

El fiscal pide cuatro años de prisión y una multa de 340.000 euros en el juicio, que comienza hoy

07.05.2019 | 04:00
La Audiencia juzga a tres acusados de blanquear dinero del narcotráfico

El fiscal ha pedido penas de prisión y multa para dos hombres y una mujer, compañera sentimental de uno de ellos, que a partir de este martes van a ser juzgados en la Audiencia Provincial de Murcia acusados de blanquear dinero procedente, presuntamente, del narcotráfico.
Los acusados son Mariano G.L., para el que se piden cuatro años y medio de prisión y multa de 450.000 euros; su pareja, María Soledad A.G., que se enfrenta a una solicitud de cuatro años de cárcel y multa de 220.000 euros, y Juan Pablo L.G., para el que se reclaman cuatro años y cuatro meses de cárcel y multa de 340.000 euros.

Las conclusiones provisionales del ministerio público señalan que los dos hombres, junto con otros dos, fueron condenados por la Audiencia Provincial de Murcia en septiembre de 2016 por un delito contra la salud pública, a un año y seis meses de prisión y dos multas de 1,6 millones de euros.

La sentencia fue dictada tras la confesión de los hechos formulada por los acusados, que reconocieron que habían intervenido en la introducción en España, por el puerto de Sagunto (Valencia), de un contenedor de plátanos procedentes de Ecuador, con un peso de 25.970 kilos, en el que se escondían 127 kilos de cocaína.

Afirma el ministerio fiscal que la investigación patrimonial de los ahora acusados «evidenció movimientos económicos anómalos en los dos varones», y añade, al referirse en concreto a Mariano G.L. que este era el legal representante de varias empresas y que pese a carecer de ingresos suficientes efectuó en 2008 gastos por más de 44.200 euros. Solo en ese ejercicio, según la fiscalía, su diferencia patrimonial negativa superó la cifra de 139.000 euros.

Con respecto a su pareja, la acusación estatal dice que al figurar como trabajadora de una de las empresas, «pudo saber, con un alto nivel de probabilidad, la ilegal procedencia de los fondos, observando una actitud de no saber ni querer saber».

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