18 de marzo de 2019
18.03.2019
La Opinión de Murcia
Investigación

Los responsables de la residencia ilegal dormirán en los calabozos de la Policía

Los investigadores consideran al matrimonio y a su hijo responsables una larga retahíla de delitos, entre ellos organización criminal, detención ilegal y trato degradante, en los que las víctimas serían los ancianos internos en el ILE Senior Club, en la calle San Antonio

18.03.2019 | 17:47
Un reportero gráfico capta con su cámara al principal sospechoso, esposado, durante el registro.

Desde la semana pasada estaban en el punto de mira, aunque no fue hasta este lunes que les pusieron los grilletes. La operación fue llevada a cabo por agentes de la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional de Murcia y por el Grupo de Delitos Económicos del citado Cuerpo.

La Policía Nacional procedió a la detención de los responsables del ILE Senior Club, en la calle San Antonio de Murcia. Se trata del centro en el que varios internos y sus familiares denunciaron haber sufrido trato vejatorio e intentos de estafa.

El negocio, que ya fue cerrado por la Consejería de Familia la semana pasada, se anunciaba en un gran cartel como 'residencia', sin tener permiso para ello. Por este motivo, en su momento se le puso una multa, aunque la Comunidad entonces no lo clausuró y el negocio siguió funcionando. Hasta que saltó el escándalo hace apenas unos días.

Ya había denuncias desde hace meses, pero precipitó las cosas el aviso de una empleada de una sucursal bancaria que vio cómo una clienta, de avanzada edad, intentaba, flanqueada por el matrimonio propietario de la residencia ilegal, sacar una gran suma de dinero de su cuenta. La trabajadora se olió algo extraño y no dejó a la anciana retirar esa cantidad. A continuación, llamó a la Policía.

Los sospechosos son Julián Ramón L. G., su esposa, Manuela E., y el hijo de ambos, Julián L. E.

Los tres pasaron primero por dependencias policiales, en la Jefatura de la calle Ceballos, y de ahí, esposados, fueron llevados al ILE Senior Club, donde, en su presencia, se llevaban a cabo más registros. Tanto en las dependencias de la residencia ilegal en sí como enfrente, en un bajo propiedad de los investigados. Que dormirán en los calabozos.

Hace unos días, los investigadores ya tomaron declaración a distintas víctimas y a sus familiares, que relataron (y denunciaron en su momento) lo que habían sufrido durante su estancia en la residencia sin papeles. Desde que le pasaban hambre y frío a que no les dejaban comunicarse con sus allegados. Más aún: siempre según las víctimas, les impedían hasta recibir visitas.

Una anciana de 94 años, que, según su testimonio, se escapó hace unos mseses de ahí, aportó hasta un listado de pertenencias suyas que, asegura, no le permitieron sacar del centro.

La Policía Nacional ve indicios suficientes para imputarles a los propietarios del ILE Senior Club delitos de estafa, apropiación indebida, trato degradante, lesiones, detención ilegal, intrusismo, coacciones y organización criminal, informan fuentes cercanas al caso. En el primer registro que se efectuó hace unos días del inmueble, un lujoso edificio a pocos metros de la Catedral, los investigadores encontraron incluso armas.

Un delito contra los derechos de los trabajadores. Es una de las sospechas que pesan sobre el matrimonio y su hijo, responsables de la residencia sin papeles de Murcia. Fuentes próximas al caso indicaron que la Policía ha tomado declaración a personas que en su momento trabajaron en la residencia, que habrían relatado lo vivido ahí. De hecho, miembros de la Inspección de Trabajo se personaban en los registros que se efectuaron en el centro.

Al concluir la operación, el abogado de los detenidos, Fermín Guerrero, ha atendido a los medios para lamentar que este segundo registro ha sido "exactamente igual que el primero", ya que los agentes "han vuelto a revisar la misma documentación y han visto lo que había, nada diferente a lo de la vez anterior", informa Europa Press.

A su juicio, este segundo registro ha sido "un tanto sorprendente", y ha corroborado que los agentes han revisado documentos, la mayor parte de los cuales "no tenían relación con nada" ya que eran de índole privada o de terceras personas. Asimismo, los policías han encontrado algo más de mil euros en las instalaciones.

Ha confirmado que los investigadores de la Policía Nacional han encontrado unas escopetas que "estaban en el anterior registro", cuando los agentes "pidieron la correspondiente autorización para saber si tenían licencia, y la tenían". Este lunes, en cambio, se han llevado las armas, cosa que Guerrero cree que "podían haber hecho el otro día igualmente".

Al ser preguntado por la cantidad de delitos que imputa la Policía a sus defendidos, el letrado ha ironizado que "será por las horas que hemos estado" en el registro. "Yo no veo ninguno", ha subrayado el abogado, quien cree que "todo parte realmente de una cuestión administrativa, de un conflicto con la Consejería al entender que el inmueble "podía ser o no residencia".

De hecho, ha reconocido que hay un expediente administrativo abierto y se les ha sancionado con 3.000 euros. "Para ser una sanción, no es especialmente relevante ni se puede considerar muy grave", según Guerrero. A raíz de este hecho, explica que hay una "coincidencia" con la denuncia de los familiares de uno de los residentes, que es lo que hace que "se monte esta situación".

Por otra parte, Guerrero ha negado rotundamente que los propietarios de estas instalaciones no dejaran salir a los residentes. "Eso es absolutamente falso, y ya no es mi palabra, sino que hay grabaciones de todos estos días parte de las cuales he visto, y en las que se ve que los ancianos estaban perfectamente, pero no hablaban muy bien de sus familiares, precisamente", ha concluido.

Guerreo ha señalado que los detenidos han informado de "todo lo que les pedían" y han respondido "a todo lo que podían responder". En su opinión, la búsqueda de hoy "ha sido una repetición de lo que pasó el otro día, en los mismos días, aunque más exhaustivo, pero el resultado ha sido el mismo".

La Policía se ha llevado "una serie de proteínas" y otras sustancias "de uso privado" que "también estaban en el anterior registro" y "siguen en el mismo sitio". Por ello, remarca que sus clientes "no son conscientes de que estuvieran cometiendo nada irregular".

Entiende que la Policía agotará el plazo de 72 horas de detención, porque entiende que se han llevado "mucha documentación". Así, prevé que pasen a disposición judicial el próximo jueves. "Yo soy muy optimista porque no he visto nada, salvo muchísimas horas repitiendo lo mismo", ha concluido.

El Juzgado de Instrucción Número 9 de Murcia se hace cargo del caso.

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