Ancianos aislados, sin sus pastillas y hasta sin ropa interior, familiares nerviosos ante la imposibilidad de contactar con sus mayores, a los que habían dejado al cuidado de una residencia que (daban por hecho) era de lujo, y resultó ser un centro sin permisos en el que, por ley, no puede pernoctar nadie.
La Policía Nacional trata de esclarecer qué pasa en la residencia Institución López y Espejo (ILE) Senior Club, ubicada en la calle San Antonio de la capital murciana. Miembros del Cuerpo, así como de los Servicios Sociales, se desplazaban hoy hasta el citado centro, después de tener conocimiento de que, presuntamente, los ancianos que ahí residen no estarían siendo bien atendidos. Algunos, denuncian sus familiares, ni estarían recibiendo la medicación que tienen prescrita. La operación policial, de hecho, se llevaba a cabo después de que familiares de los internos, además de vecinos de la zona, diesen la voz de alarma. Varios ya sacaron a sus mayores de ahí. «El sábado vino un familiar a ver a un residente y no le abrieron la puerta, no lo dejaron pasar. Entonces él llamó a Servicios Sociales y a la Policía», destacan vecinos de la residencia, ubicada a escasos metros de la Catedral de Murcia.
El registro judicial y la intervención de la Policía se han centrado en investigar a Julián Ramón L. G., presunto cabecilla de la trama, así como a su esposa y su hijo, que se hacían cargo de la residencia. Antes, los responsables de Servicios Sociales se habían hecho cargo de varias ancianas, a las que sacaron del centro. De sus testimonios, en el caso que puedan declarar, dependerá una investigación que sigue abierta.
La Policía, que abandonó el edificio a las 23.35 horas con varias cajas de documentación, cree que los sospechosos se fijaban en la especial vulnerabilidad de los ancianos, la mayoría de ellos delicados de salud, para intentar también aprovecharse de ellos económicamente mientras les mantenían, sostienen algunos familiares, «casi secuestrados» en el centro.
Se da la circunstancia, explican fuentes cercanas al caso, de que esta residencia fue escenario el año pasado de un suceso en el que salió herido un anciano. Desde el centro alegaron entonces que este interno «se había emborrachado y roto una puerta de 3.000 euros».
Como el negocio que tienen no tiene permiso como residencia, lo que hacían era, para burlar la ley, apuntar a los ancianos en calidad de 'socios' de un club, explicaron fuentes cercanas al caso.
En los cristales de la fachada del centro se lee: 'Primer centro en la Región con terapias y metodología alemanas'.
Fuentes próximas a la investigación destacan que, en el interior de ILE Senior Club, «tienen puertas de seguridad hasta en el baño». Lo que no tienen es, al parecer, permiso para que ese lugar sea una residencia, donde los internos se ven obligados a firmar cuando entran y cuando salen del centro, en el caso de que se les permita.
El dueño del negocio, Julián Ramón L. G., es un hombre conocido en la zona. Tal y como ha podido confirmar esta redacción, tiene pleitos abiertos en los juzgados con algunos de sus vecinos. Una mujer incluso le denunció por insultarla. El hombre, a su vez, también ha interpuesto demandas, incluso contra negocios de la zona de los que emanan, a su juicio, «ruidos y olores insoportables». Julián Ramón L. G. es actualmente el presidente de la comunidad de propietarios.
Desde primera hora de la tarde, agentes y trabajadores sociales entraron y salieron de la residencia, donde costó que les dejasen entrar. Los responsables del negocio alegaban dos cuestiones: primero, el derecho a la «intimidad» de los internos y luego que, de abrir la puerta, podrían escaparse los gatos que tienen ahí dentro como mascotas.
Fermín Guerrero, abogado del investigado, dijo que su cliente está «sorprendido y realmente afectado» por lo ocurrido. «Ninguna de las personas que han abandonado el club lo ha hecho por su voluntad. Una señora ha sido prácticamente arrastrada por una trabajadora de Servicios Sociales», aseguró el letrado. A su juicio, lo acontecido responde a que «unos familiares, por intereses puramente económicos, han puesto una denuncia», concluyó.
La página web institucionlopezyespejo.es, que se publicita en la puerta del centro, está ya inactiva, según ha podido comprobar este periódico.
Una mujer que desde junio de 2018, y hasta hace apenas unos días, tenía a su progenitora, de 70 años de edad, en la residencia de la calle San Antonio, ha contado a La Opinión que cuando llevaban a pasear a su madre les decía que no quería volver allí.
