Corría enero del año 2014 y la jornada escolar acababa de comenzar en el colegio concertado San José de Espinardo cuando agentes del Grupo de Menores del Cuerpo Nacional de Policía, por mandato de la Fiscalía de Menores, irrumpían en el centro para llevarse detenido, a la vista de casi toda la comunidad escolar, a Manuel L. O., profesor de Educación Física y Lengua Castellana en el centro educativo desde hace más de dos décadas.
Entonces, la operación policial fue ordenada por la Fiscalía de Menores tras recibir una decena de testimonios de padres de alumnos del colegio concertado en los que denunciaban abusos sexuales por parte del profesor a nueve alumnos. Este caso ya ha llegado a los tribunales. Y ya hay sentencia al respecto.
La Audiencia Provincial de Murcia ha condenado a penas que suman 31 años de prisión a este profesor de Secundaria al declarar probado que abusó de ocho alumnos de 1º y 2º de la ESO, dándole de plazo 24 horas para que ingrese en prisión. Pero en Murcia ha habido otros casos de docentes abusadores que se libraron de la cárcel. Como Roberto P. S., que admitió los abusos y, gracias a un acuerdo de conformidad, evitó el ingresó en prisión.
Pasó en el Palacio de Justicia de Murcia en 2016. El juicio por abusos contra Roberto P. S., profesor en El Palmar, quedaba visto para sentencia, tras una conformidad de Fiscalía, acusación particular y defensa. El Ministerio Público solicitaba en principio para el procesado cinco años de cárcel. Delante del juez, el profesor admitió que abusó sexualmente de nueve niños, escolares de Primaria que eran alumnos suyos. Le cayó un año de cárcel por cada niño, pero no ingresaba en prisión. A cambio: indemnizar a cada uno de los menores con 2.200 euros.
Después de pasar horas tratando de alcanzar un acuerdo, en pasillos y salas del Palacio de Justicia, en Ronda de Garay, la sala se constituyó para exponer el acuerdo de conformidad y escuchar al acusado.
El juicio estaba previsto que comenzase a las nueve y media de la mañana. A la una menos cuarto comenzó, en audiencia pública (significa que puede entrar todo en mundo a presenciarlo). En la sala estaban presentes padres de los niños que fueron víctimas de este docente, que daba clases en un colegio católico concertado. "Sí", pronunció en voz alta el acusado cuando el magistrado le preguntó si reconocía los hechos por los que estaba en el banquillo.
Se le aplicaron entonces dos atenuantes: la reparación parcial del daño (ya había indemnizado a sus víctimas con parte del dinero que ha de darles) y la "ralentización del proceso" (los hechos que se juzgan ocurrieron en 2011), lo que se conoce como "dilaciones indebidas".
El magistrado presidente de la sala dijo al acusado que esta circunstancia se había producido "por la abrumadora carga de trabajo de los tribunales, es algo ajeno a usted". Roberto P. S. abandonaba después el Palacio de Justicia tranquilo, como permaneció durante la breve vista, de apenas unos minutos, en la que sólo se dirigió a él el magistrado presidente de la sala.
