La Universidad Católica de San Antonio (UCAM) ha pedido a la Comunidad Autónoma que retire el decreto regional aprobado en 2009 que regula las prácticas de los alumnos de Medicina en los hospitales públicos. Esta norma da prioridad al uso de estos centros médicos a los estudiantes de las universidades públicas.

Jerónimo Lajara, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Católica, apuntó que el decreto «ha supuesto un grave daño para nuestros estudiantes y para la sociedad en general», y dejó claro que la sentencia del Tribunal Constitucional (TC), conocida el martes, reconoce que todos los alumnos son iguales. «Y no sólo afecta a la comunidad valenciana, donde se echó de los hospitales públicos a los alumnos de universidades privadas, sino a todas las comunidades autónomas», como la de Murcia.

«Ya dijimos en su día que el decreto regional era claramente inconstitucional, que chocaba con el Real Decreto de 2010 de igualdad de estudiantes universitarios, y no se nos hizo caso. Esperamos que después de esta sentencia del TC el Gobierno Regional retire su decreto, que es anticonstitucional», subrayó.

Sin embargo, la portavoz del Ejecutivo murciano, Noelia Arroyo, dijo ayer que en la Región «no existe ese problema». Manifestó que los alumnos de ambas universidades «están conviviendo, siempre con la prioridad de los alumnos de la pública, y eso es lo que defendemos; las plazas que quedan sin cubrir en la pública se ponen a disposición de la privada».

La Consejería de Salud (entonces de Sanidad) cerró en noviembre de 2016 con la Universidad Católica el acuerdo de prácticas de los alumnos de Medicina, que excluía a los tres hospitales de referencia de Murcia: Morales Meseguer, Reina Sofía y Virgen de la Arrixaca, centros médicos que quedaban en exclusiva para las prácticas de los estudiantes de la Universidad de Murcia (UMU).

«No debería haber cambios en Murcia, porque lo que nosotros tenemos es un acuerdo, no una ley, y funciona bien». Así se refirió ayer a la sentencia del TC el vicerrector de Comunicación de la Universidad de Murcia, Francisco Javier Martínez, quien puntualizó que no podían decir mucho más a falta de leer la sentencia con más detenimiento. «En cualquier caso, creemos que a la Comunidad Autónoma le corresponde velar por la inversión del dinero público que realiza en las universidades públicas», añadió.

Martínez recordó que desde que se firmó el último acuerdo con la UCAM «las prácticas de los alumnos se están desarrollando sin problemas, y cuando hay que hacer excepciones por falta de servicios en los hospitales de referencia de la UCAM (Santa Lucía y Rafael Méndez), se hacen y acuden al que nos correspondería solo a nosotros».