06 de febrero de 2019
06.02.2019
Reacción

La UCAM quiere que el Gobierno regional retire su decreto sobre prácticas de Medicina

El Tribunal Constitucional establece que es inconstitucional hacer diferencias entre los alumnos de las universidades públicas y privadas a la hora de ejercer su derecho a la formación práctica

06.02.2019 | 18:20
La UCAM quiere que el Gobierno regional retire su decreto sobre prácticas de Medicina

El Ejecutivo murciano defiende que en la Región "no existe" ningún conflicto entre las universidades: "Las plazas que quedan sin cubrir, se ponen a disposición de la privada".

"Esperamos que después de esta sentencia del Tribunal Constitucional en el Gobierno Regional retiren su decreto, que evidentemente se ha demostrado que es anticonstitucional". Así de contundente se ha pronunciado al UCAM después de la sentencia del Tribunal Constitucional que establece que es inconstitucional hacer diferencias entre los alumnos de las universidades públicas y privadas a la hora de ejercer su derecho a la formación práctica, tal y como ha hecho público al derogar el veto del Consell de Valencia a las prácticas de estudiantes de la privada en hospitales públicos, declarando nulo ese aspecto de la Ley de Salud valenciana.

La Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) celebra que excluir o priorizar a los estudiantes de las universidades públicas frente a los de las privadas a la hora de realizar sus prácticas sanitarias en los centros públicos "parece llegar a su fin".

En concreto, la UCAM recuerda que el veto del Consell de Valencia "recogía la exclusividad de los estudiantes de las universidades públicas en el uso de los hospitales y centros públicos para la realización de prácticas sanitarias", según informaron fuentes de la institución docente en un comunicado.

El recurso de inconstitucionalidad fue presentado por más de 50 senadores del Grupo Parlamentario Popular en base a que "la Generalitat había vulnerado los derechos fundamentales a la igualdad, a la libertad de creación de centros docentes, a la libertad de elección de centro docente y al deber de ayuda a los centros docentes".

La UCAM remarca que esta noticia "tiene implicación en la Región de Murcia, donde sucede algo parecido al caso de Valencia". En concreto, destaca que la Consejería "denunció el acuerdo vigente que existía con respecto a las prácticas en los hospitales de la Región, y dictó un nuevo concierto que da exclusividad al uso de los hospitales de la capital a los estudiantes de la pública, quedando el Morales Meseguer, Reina Sofía y la Arrixaca vinculados a la Universidad de Murcia, y los de Cartagena (Santa Lucía y Rosell) y Lorca (Rafael Méndez) a la UCAM".

En este sentido, la Universidad Católica San Antonio recuerda que se vio obligada a firmar este acuerdo, "aun sabiendo que vulneraba los derechos de sus estudiantes, para no dejarlos sin prácticas, ya que la resolución judicial tardaría meses y el daño a los alumnos ya habría sido irreparable al privarles de su derecho a realizar las prácticas".

Así lo denunció públicamente el presidente de la UCAM, José Luis Mendoza, tras la firma del acuerdo, y que sigue manteniendo actualmente, ahora, "avalado por la ley que ha hecho pública el Tribunal Constitucional".

"Es muy grave porque no se respetan los derechos de unos ciudadanos que se ven obligados a irse fuera de Murcia para hacer unas prácticas adecuadas en Medicina y desplazarse a 70, 80 y hasta 90 kilómetros. Vamos a luchar con todas las armas para que no lleven a cabo injusticias de esta clase y se respeten nuestros derechos", afirmó Mendoza.

Por su parte, el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Católica, Jerónimo Lajara, apunta que la decisión tomada por la Consejería ha supuesto un "grave daño" para los estudiantes de la Universidad Católica San Antonio y para la sociedad en general.

La sentencia del Constitucional en sus fundamentos jurídicos señala que la normativa estatal básica se refiere de modo genérico a las 'universidades', "sin distinción alguna entre unas universidades y otras". Además, ha de tenerse en cuenta la "especial relevancia" que, para la formación educativa de los futuros o de los ya profesionales de las Ciencias de la Salud, tiene las prácticas en instituciones sanitarias.

Asimismo, precisa que las normas básicas "no hacen distinción alguna entre universidades de titularidad pública o privada a la hora de establecer vínculos de relación entre las instituciones universitarias y sanitarias", precisando que únicamente se establece "el distinto instrumento a utilizar para establecer los acuerdos, distinguiendo entre la modalidad del concierto, para las universidades de titularidad pública, y la del convenio para las de titularidad privada".

Al respecto de esta sentencia Jerónimo Lajara afirma que ésta reconoce que todos los alumnos son iguales. "Y evidentemente no sólo afecta a la comunidad valenciana, donde se echado de los hospitales públicos a los alumnos de universidades privadas, sino que también afecta a todas las CCAA, en concreto a la Región de Murcia, porque en 2009, un decreto regional legisló que los alumnos de universidades públicas tenían preferencia con respecto a los de las universidades privadas", asegura.

A este respecto, añade que "ya dijimos en su día que era claramente inconstitucional, que chocaba con el Real Decreto de 2010 de igualdad de estudiantes universitarios, y no se nos hizo caso. Esperamos que después de esta sentencia del Tribunal Constitucional en el Gobierno Regional retiren su decreto, que evidentemente se ha demostrado que es anticonstitucional".

"EN LA REGIÓN NO EXISTE ESE PROBLEMA"

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno y al ser preguntada por este asunto, la portavoz del Ejecutivo murciano, Noelia Arroyo, ha remarcado que en la Región de Murcia "no existe ese problema".

En concreto, ha manifestado que los alumnos de ambas universidades "están conviviendo, siempre con la prioridad de los alumnos de la pública, y eso es lo que defendemos".

En este sentido, Arroyo ha considerado que en la Región de Murcia "ya se resolvió ese tema jurídico y se está trabajando siempre en un clima de convivencia, de respeto y de seguridad para los alumnos de la pública". De esta forma, afirma que las plazas que quedan sin cubrir, "se ponen a disposición de la privada".

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