Un informe de la Dirección General de Cultura de la Comunidad Autónoma, fechado en marzo de 2017 y que ha salido ahora a la luz, califica de «ilegales» los edificios construidos por la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) en el entorno del Campus de los Jerónimos, en Guadalupe. Concretamente, los técnicos que inspeccionaron en esa fecha el monasterio constataron que «la degradación del entorno es profunda», al tiempo que hacían hincapié en que se había abierto una puerta en el propio monasterio (declarado Bien de Interés Cultural) para dar acceso a la zona de secretaría sin solicitar para ello la necesaria autorización a Cultura, tal y como informó ayer la emisora Onda Cero.
Otra de las críticas que hacen los técnicos de la Dirección General de Cultura en su informe es que «los inmuebles ilegales ocultan el monumento y que las instalaciones de aire acondicionado están degradando profundamente el bien».
El grupo municipal Ahora Murcia afirma que el documento recoge que los responsables de la Universidad Católica conocían fehacientemente que estaban actuando en un entorno del monumento, pues para otras actuaciones sí habían solicitado la autorización de Bienes Culturales. Y recuerda que «este informe se realizó a petición de la Dirección General de Ordenación del Territorio que tramitó, tras haber sido remitido por la Concejalía de Urbanismo, el expediente de autorización excepcional para las construcciones investigadas».
Actualmente el juzgado de Instrucción 5 está llevando a cabo la investigación judicial tras la denuncia presentada por la Fiscalía del TSJ, que considera que podrían haberse cometido delitos contra el medio ambiente y la ordenación del territorio por la construcción de edificios sin licencia en terrenos de huerta protegida.
Desde Cambiemos Murcia aseguran que el informe de la Dirección General de Bienes Culturales que concluye que no se pueden legalizar las edificaciones construidas sin licencia por la UCAM en el entorno del monasterio de Los Jerónimos demuestra el «expolio de lo público» que ha llevado a cabo la institución privada, y ha exigido a la Administración regional que «tome por fin medidas para proteger este bien».
Preguntados por la resolución de este informe, desde la Dirección General de Bienes Culturales explicaron ayer a LA OPINIÓN que «no se ha realizado ningún informe oficial y definitivo respecto a este tema» y afirman que el documento al que se refiere la denuncia de los grupos de la oposición en el Ayuntamiento «es posible que esté dentro del expediente, pero en ningún caso es definitivo». En estos momentos, desde Bienes Culturales se está procediendo a la inspección e información previa «que debe preceder a la apertura de cualquier expediente sancionador que afecte a nuestro patrimonio cultural», por lo que «una vez finalizada esta fase, y en caso de apreciarse causa suficiente, este centro directivo actuará en consecuencia con la legislación aplicable».
Esta redacción intentó contactar ayer con la UCAM sin obtener respuesta.
