Era la época en la que la crisis aún no había hecho su aparición en toda su crudeza. El entonces alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, firmó un convenio con José Luis Mendoza, el presidente de la Fundación San Antonio que sustenta a la UCAM, en virtud del cual el municipio cedía a la Universidad Católica 135.000 metros cuadrados de terreno para el desarrollo de su campus norte.

La rúbrica del convenio se produjo en julio del 2005 y la fundación San Antonio se comprometía a cumplir una serie de requisitos para que los terrenos pasaran a ser de su propiedad.

Ahora, la pelota ha vuelto al tejado del Ayuntamiento, ya que el concejal del PSOE Sebastián Peñaranda ha pedido al actual alcalde, José Ballesta, que convoque la comisión que se aprobó en junio pasado para saber en qué punto están los compromisos adquiridos. Los socialistas, explicó Peñaranda a esta Redacción, consideran que el próximo uno de agosto expira el plazo dado para iniciar el desarrollo de ese campus en la zona Norte, que en estos momentos está bloqueado ante la exigencia de la Comunidad Autónoma de que el Plan Especial aprobado por la Administración central cumpla la ley de Patrimonio.

Y es que el Plan Especial obtuvo el visto bueno antes de que se aprobara el perímetro del monasterio de Los Jerónimos, un edificio religioso y que es BIC, lo que obliga a reformar el proyecto de construcción del campus norte aprobado para adaptarlo a los nuevos límites del santuario. El concejal del PSOE señaló que el Plan Especial se aprobó el 1 de agosto de 2009 y el convenio establecía un plazo de diez años para la cesión definitiva de los terrenos, que expira el 1 de agosto de 2019, si se habían cumplido las condiciones del acuerdo.

El edil añade que no se han iniciado la construcción de los edificios comprometidos; no hay convenio de uso de las instalaciones deportivas inexistentes y tampoco se ha hecho un acuerdo para la utilización de las aulas porque «evidentemente no hay nada construido». «Si el Ayuntamiento no actúa, el 2 de agosto la UCAM puede vender, segregar o ceder el suelo sin haber edificado», especifica Peñaranda. Según el socialista, en caso de que el alcalde no convoque la comisión y se busque una solución, «podría estar incurriendo en prevaricación administrativa».

Por su parte, el edil de Patrimonio, Rafael Gómez, indicó a esta Redacción que el PP no tiene ningún problema para convocar esa comisión y que cuando se acerque la fecha de expiración del convenio «sabremos sin duda qué hacer». Mientras, un portavoz de la UCAM manifestó que no consideran que el convenio expire el 1 de agosto y que les parece bien que se convoque la comisión si así lo entiende el Ayuntamiento para buscar soluciones.