Decenas de profesores asociados de la Universidad de Murcia se manifestaban ayer para denunciar su «precaria» situación laboral, sus bajos salarios con respecto al resto de profesores universitarios y su falta de derechos.

Esta situación, recordaban en un comunicado, afecta a todos los profesores asociados que hay en España, por lo que el sector tiene previsto ir a la huelga el próximo 29 de enero si no se escuchan sus reivindicaciones.

Y es que a nivel nacional existe una convocatoria de huelga prevista para el día 29 de enero, de todos los profesores asociados de la universidad pública española. En Murcia son casi 1.300 los profesores asociados, y representan la mitad del total de la plantilla de docentes, según explicaban ayer en La Convalecencia.

Consideran que esta figura está «muy marginada» en el sistema universitario y que su razón de ser «ha quedado completamente desvirtuada en los últimos años», puesto que ya no se trata de expertos ajenos a la universidad que imparten entre tres y seis horas de clases, sino que están llevando a cabo las mismas labores docentes que el resto de profesores.

Además, han criticado que esa «inadecuada e irregular utilización» de profesores asociados en la universidad no va acompañada de una «justa remuneración salarial», con lo que se produce una «discriminación injustificable» con respecto al resto de los docentes, que tienen una carga laboral similar, pero, denuncian, un salario mucho más alto.

Los asociados critican que se han convertido así en «mano de obra barata y muy cualificad»" que, además, encadena contratos temporales de manera «sucesiva e interminable», lo que vulnera los «principios más elementales del derecho laboral» y les priva de derechos políticos dentro de la universidad, ya que no pueden ser elegidos para sus órganos directivos ni recibir ayudas que sí están abiertas al resto de personal docente e investigador.

Por ello, el colectivo ha exigido que se reconozcan y dignifiquen sus condiciones laborales y se reforme la ley para garantizarles estabilidad en sus contratos, un salario justo y acorde con el que reciben el resto de docentes y poder ocupar el cargo de investigador principal en grupos de investigación, una posibilidad que ahora tienen vetada.

También han reivindicado una mayor agilidad en los trámites administrativos para materializar sus contratos.