Ha sido alcalde durante veinte años (cinco mandatos desde el 95 hasta el 2015); fue investigado por el caso Umbra desde el 2012 y absuelto este verano de los delitos que se le imputaban, y en enero fue nombrado catedrático de la UMU (Universidad de Murcia). Ahora, quiere volver a la Glorieta, pero no como político sino como persona bregada en las lides municipales para dar su parecer en aspectos que atañen al municipio de Murcia.

El que fuera regidor popular durante cinco mandatos ha pedido oficialmente al Ayuntamiento a través del secretario del Pleno, Antonio Marín, ingresar como exalcalde en el Consejo Social de Murcia y en el Consejo Económico Administrativo, dos órganos de la Administración Local que él mismo puso en marcha antes de dejar el bastón de mando.

La petición se ha realizado este mismo mes y en estos momentos se encuentra pendiente de que el actual alcalde dé el visto bueno y redacte el pertinente decreto, explicaron a esta Redacción fuentes municipales. Las mismas fuentes indicaron que Cámara ha solicitado en estos momentos ingresar en esos consejos debido a que su periplo judicial ya ha concluido con la absolución del que fuera regidor público desde 1995. «Está limpio de todo», argumentaron fuentes municipales para explicar el deseo del exalcalde, que estuvo investigado por el caso Umbra desde 2012 y que se sentó en el banquillo de los acusados en mayo pasado.

Un mes después el Juzgado de lo Penal número 5 lo absolvía de la pieza separada del caso Umbra, denominada Nueva Condomina, y despejaba cualquier duda sobre el exalcalde, al que el fiscal acusaba de un delito continuado de prevaricación administrativa. De esta forma, Cámara quedaba limpio sobre las acusaciones que se hicieron acerca de cómo se gestionó el convenio de la zona norte que dio lugar a la construcción del nuevo campo de fútbol y que firmó el Ayuntamiento con el expresidente del Real Murcia, el fallecido Jesús Samper. Además, el que fuera regidor municipal durante veinte años ya no tiene juicios pendientes. Como consecuencia de su imputación judicial se vio obligado a dimitir como secretario regional del PP y a abandonar el partido, al que de momento no ha vuelto.

El Consejo Social de la Ciudad es un órgano de participación del Ayuntamiento que se gestó en 2005, pero hasta siete años después no echó a andar con la presencia de 35 representantes de distintas organizaciones y con los exalcaldes Antonio Bódalo y Clemente García. Este órgano ha sido relanzado por el actual regidor de la Glorieta, José Ballesta, y tiene carácter consultivo. Entre sus funciones se encuentra la emisión de informes y estudios en materia de desarrollo económico local, planificación estratégica de la ciudad y grandes proyectos urbanos. Asimismo, se constituye como foro de diálogo y cauce de participación de los agentes sociales más representativos con la Corporación Municipal, además de su asesoramiento.

Ninguno de sus miembros cobra nada de las arcas públicas a diferencia de los asistentes al Consejo Económico Administrativo, que perciben una retribución económica por asistencia a las reuniones. Se suele celebrar una al mes.

Este organismo municipal independiente está integrado también por los ex alcaldes Clemente García, Antonio Bódalo y José Méndez, quienes tienen derecho a voz, pero no a voto, por lo que realizan una labor consultiva, frente a la decisoria de los otros tres miembros. Se trata de los exfuncionarios Santos Ortiz y Mariano Barreda y excomisario de la Policía Nacional, Antonio Plaza. La labor de este Consejo se centra en la resolución de recursos y reclamaciones referidas a tributos municipales y multas o sanciones, y desde su constitución en 2007 ha resuelto más de 12.000 asuntos.