Llevaba en la cárcel desde junio y desde el pasado lunes se encuentra en libertad provisional, a la espera de juicio. No podrá abandonar España y también tiene prohibido acercarse a su víctima, una menor de la que comenzó a abusar, presuntamente, cuando tenía 14 años. Ha salido de prisión después de que el Juzgado estableciese que, si abonaba una fianza de 2.000 euros, podría volver a ser libre, hasta que se celebre la vista oral.

Hace cuatro meses, la Guardia Civil arrestaba en la población murciana de El Raal a un hombre, cuyas iniciales son O. G. A. M., como presunto autor de un delito de abusos sexuales. Se le detenía después de que una adolescente, hija de su compañera sentimental, le denunciase. La menor aseguró a los investigadores que desde hacía un año y medio venía sufriendo abusos sexuales por parte de la pareja de su madre. La mujer creyó el relato de su hija y juntas formalizaron la denuncia contra el hombre, al que la Policía Judicial arrestó a las pocas horas.

Entonces, el titular del Juzgado de Instrucción Número Siete de Murcia lo mandaba a la cárcel, acusado de agredir sexualmente con penetración a la menor.

El sospechoso, tal y como detallaba entonces el juez de Instrucción, «aprovechando que se quedaba a solas con la menor, o bien cuando la hermana de ésta dormía, la sometía a tocamientos y llevaba a cabo penetraciones, todo ello a cambio del pago de entre 20 y 40 euros para que la víctima no contase nada a su madre u a otras personas», se lee en el auto.

Asimismo, el juez refleja que fueron los responsables del instituto en el que estudiaba la adolescente (un centro ubicado en una población cercana a El Raal) los que se percataron de que estaba pasando algo. Por el instituto se extendió el rumor de que la chica manejaba cantidades de dinero que no se sabía de dónde las había sacado, y que, es más, estaba ayudando económicamente a un compañero. Después de que la dirección del centro se interesase por la situación de la alumna, se pusieron en contacto con la madre de ésta. La víctima acabó relatando que el dinero se lo daba su padrastro.

El auto emitido entonces considera que existían suficientes indicios de que se estaba produciendo un delito continuado de abuso sexual con prevalimiento, y recuerda que esto se castiga en el Código Penal español con penas que van de los ocho a los doce años de cárcel.

El juez decidió meter a O. G. A. M. entre rejas con el fin de impedir «la reiteración delictiva», dada la alta pena a la que se enfrenta cuando salga el juicio y teniendo en cuenta, además, el riesgo de fuga, ya que el sospechoso es de origen ecuatoriano y esto, detalla el auto, «podría motivar su salida del país».

Aun en el caso de que las agresiones sexuales hubiesen sido consentidas, al tener la víctima menos de 16 años se consideraría, de todas maneras, un abuso sexual, tal y como establece el Código Penal vigente.