La normativa que permitirá sustituir sanciones administrativas por trabajos en beneficio de la comunidad ha conseguido el dictamen favorable de la Comisión de Infraestructuras, Hacienda y Asuntos Generales, con el texto remitido por la Concejalía de Comercio y Relaciones Institucionales, que dirige Maruja Pelegrín.
Ahora, el texto de la Ordenanza Reguladora del Procedimiento de Sustitución de Sanciones Económicas por Trabajos en Beneficio de la Comunidad será trasladado al Pleno, se expondrá públicamente durante 30 días y, tras resolver las alegaciones, se aprobará definitivamente en otra sesión plenaria para su entrada en vigor.
El documento fue consensuado por el grupo de trabajo que se constituyó al efecto, con la participación de los grupos políticos y técnicos municipales, y sometido a consulta pública, según explican fuentes consistoriales.
A partir de ese momento, las personas sancionadas por una infracción administrativa dispondrán de la posibilidad de realizar trabajos en beneficio de la comunidad como alternativa a la ejecución de las cuantías económicas. A modo orientativo, los interesados podrán desarrollar estas labores en los servicios de medio ambiente, deportes, bienestar social, juventud, cultura, bibliotecas, limpieza pública, mantenimiento y reparación de mobiliario urbano y señalización.
La concejala Maruja Pelegrín recuerda que esta vía «tendrá siempre carácter voluntario y estará abierta a personas que incurran en una sanción administrativa, mayores de edad en situación legal de desempleo o en caso contrario, que la unidad familiar obtenga recursos económicos limitados».
