El Puente de los Peligros, que une la Gran Vía con la Alameda de Colón, seguirá sin ser declarado Bien de Interés Cultural. La iniciativa para elevar la protección de este emblemático viaducto fue registrada por la Asociación para la Conservación de la Huerta y el Patrimonio de Murcia (Huermur) en febrero 2015 y ha caducado sin que la Comunidad considere BIC el puente. Este hecho fue denunciado ayer por la propia asociación. «El expediente ha caducado sin haber sido resuelto por la Consejería de Cultura a pesar de los informes favorables de las entidades consultivas».

Desde Huermur aseguraron que «ha caducado debido a un error en el procedimiento administrativo, que ha tardado casi un año en dictar esta caducidad».

Además, la organización murciana criticó que «no es la primera vez que le caducan expedientes de protección de monumentos y bienes culturales a esta administración regional», por lo que reprocharon a la consejera de Cultura la falta de medios de la Dirección General de Bienes Culturales. Huermur señaló que los servicios jurídicos de la consejería elaboraron un informe en junio de 2017 en el que se indicaba que existía un error en el procedimiento de información pública, «por lo que debía retrotraerse el procedimiento», pero al haber transcurrido el tiempo máximo de dos años previsto en la ley de patrimonio para resolver el expediente, ha caducado al no haber obtenido la resolución definitiva dentro del plazo.

Asimismo, la asociación ha aprovechado el 278 aniversario del puente para presentar una nueva solicitud de protección como BIC, incluyendo un entorno de más de 76.000 metros cuadrados, «que garantice la efectiva conservación y protección de los valores del monumento».

Por su parte, desde la Consejería de Cultura aseguraron a LA OPINIÓN que el viaducto del río Segura «no se ha quedado sin protección ya que sigue siendo considerado Bien de interés catalogado por su relevancia cultural». A su vez, desde el Gobierno regional también aseguraron que se ha abierto el expediente de oficio, de nuevo, aunque no cuentan con un plazo concreto para resolver el proceso; por lo que pueden tardar hasta tres años (tiempo aproximado indicado en la web de la Comunidad para la resolución de estas iniciativas).