El que fuera alcalde de Murcia durante veinte años, Miguel Ángel Cámara, recién absuelto con todos los pronunciamientos favorables en el caso Nueva Condomina, en el que fue juzgado junto a dos exaltos cargos de Urbanismo por un presunto delito de prevaricación administrativa, considera que el mismo fue urdido con el fin de apartarle de la política. Cámara ha expuesto esa apreciación a sus más allegados ya que, conocida la sentencia del Juzgado de lo Penal número 5 de Murcia, que se hizo pública este viernes, se ha negado a hacer declaraciones a los medios.

Consultado sobre esa resolución judicial, se ha limitado a decir que la misma recoge lo que realmente ocurrió, en el sentido de que siempre actuó dentro de la ley en todo lo relativo al convenio urbanístico firmado con el dueño del Real Murcia Jesús Samper y que tenía como principal objetivo la construcción de un nuevo estadio para el equipo.

El exalcalde de Murcia ha añadido que su propósito es no hacer manifestaciones sobre la sentencia, remitiéndose a sus abogados, los letrados murcianos Vicente San Martín y José María Caballero.

El primero ha dicho que el Juzgado ha proclamado la total inocencia del exregidor municipal en una sentencia que -comenta- destaca por la precisión de los hechos probados y, sobre todo, «porque es una sentencia justa». El letrado ha dicho también que la misma deja claro que, en contra de lo sostenido por las acusaciones, no hubo secretismo alguno en torno al protocolo de intenciones que fue el primer paso para el convenio y que este se ajustó a la legalidad.

En cuanto a la cesión del diez por ciento del aprovechamiento, extremo controvertido, la sentencia recogía que en la práctica el ayuntamiento recibió mucho más de lo que le habría correspondido en aplicación de ese porcentaje.

También descartó el trato de favor dado a Samper, argumento utilizado por el fiscal Anticorrupción, Juan Pablo Lozano, y las acusaciones particulares al señalar que la corporación presidida por Cámara, al exigirle la prestación de una fianza para garantizar la construcción del nuevo estadio, fue más exigente que las condiciones exigidas por la legislación.

Finalmente San Martín se ha mostrado satisfecho con la decisión de la magistrada, que aunque no accedió a deducir de oficio testimonio contra los testigos Ginés Navarro, concejal de Urbanismo en el momento de los hechos, y José Salvador Fuentes Zorita, portavoz entonces del Grupo Municipal Socialista, que defendió «vehementemente» el convenio, sí le quita credibilidad a sus testimonios, al considerar que no dijeron del todo verdad.

La fiscalía estudia si plantea recurso contra el fallo, dadas las dificultades que entraña revocar una sentencia absolutoria si la misma, como afirma la jurisprudencia del Tribunal Supremo, no resulta ilógica, absurda o arbitraria.