La empresa Petro Puente ha reactivado las obras para la construcción de una gasolinera en la Vereda de Solís (Llano de Brujas) después de que la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de la Región de Murcia haya estimado el recurso presentado por ésta, que pidió la revocación de la suspensión cautelar de la construcción al considerar que cumple todos los requisitos.
La paralización de este proyecto se produjo en 2015 a raíz de una denuncia del grupo municipal Cambiemos Murcia, que considera «un disparate» que se permita hacer una instalación de este tipo en «una zona de huerta protegida» y a escasos metros del cauce del río. Formación que anuncia ahora que volverán a pedir que se paralice la licencia para esta estación de servicio al asegurar que «puede conllevar un riesgo para la la huerta por contaminación», según explica el concejal de Cambiemos Murcia Sergio Ramos, quien se pregunta «de qué sirve proteger el suelo si luego se autorizan este tipo de obras».
Ramos asegura que la zona de actuación está catalogada en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) como NR, «con la máxima protección ambiental», y que para poder construir una gasolinera era necesario un informe de la Comunidad Autónoma en el que estuviera justificada la utilidad de la obra, informe que no exisitía en 2015. El edil de Cambiemos Murcia cree que la utilidad no está justificada porque «hay contabilizadas cuatro gasolineras en un entorno de no más de tres kilómetros, por lo que no es una instalación necesaria y más tratándose de la zona de huerta de la que se trata». Además, hace hincapié en la cercanía de una toma de agua en el cauce del río para el riego de esta zona de huerta, justo a unos metros del terreno que se pretende urbanizar.
Sin embargo, tras la paralización de las obras en el año 2015 los propietarios del terreno e impulsores de la iniciativa llevaron el caso a los tribunales, que finalmente les han dado la razón tras comprobar que la Comunidad ha emitido un informe con posterioridad acreditando esa utilidad pública que se requería para poder proseguir con el proyecto, con una autorización excepcional para la estación de servicio con un lavadero y una tienda anexa en esta zona de suelo no urbanizable. Autorización que también fue requerida por la directora de los Servicios Jurídicos Municipales, Ana María Vidal, en un informe del Ayuntamiento.
El informe sobre la utilidad de esta instalación fue solicitado en varias ocasiones desde el Ayuntamiento a la Comunidad Autónoma, hasta tres veces, según indican desde la empresa Petro Puente, quienes se muestran satisfechos por el resultado judicial que les ha dado la razón y ha condenado a pagar las costas a la Administración.
