El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha dicho hoy en el Senado que el trato dado, en el Registro Civil de Murcia, a dos madres lesbianas que al acudir a inscribir a su hijo se les exigió un documento del centro de fertilidad, fue "una mala práctica que está siendo corregida".

Lo ha señalado Catalá al ser preguntado por el PSOE sobre si el Gobierno considera que la inscripción en el Registro Civil de un nacimiento cuyos progenitores son una pareja de mujeres debe tener requisitos diferentes a los del resto de situaciones.

"En absoluto, no lo considera el Gobierno ni tampoco la ley", ha asegurado el ministro, que ha recordado que en 2015 se aprobó una norma que establece, por iniciativa del PP, que "no tenga ninguna singularidad la inscripción de las parejas del mismo sexo".

"Se aplica y debe aplicarse en todos los Registros Civiles de España", ha señalado.

Para el senador socialista Juan Luis Soto, el trato que recibieron las dos madres en Murcia es "injusto, inaceptable e impropio del siglo XXI".

Asimismo, ha recordado a Catalá la huelga convocada hoy por jueces y fiscales contra sus políticas y ha argumentado que para el Gobierno "la igualdad no va ni creen en ella ni están dispuestos a dignificar a las personas LGTBI".

Según Soto, las leyes por la "igualdad real y efectiva" se debe a los socialistas mientras que el PP recurre al Tribunal Constitucional (TC), en referencia a la ley que permite matrimonios de personas del mismo sexo.

"Nos acusan de adueñarnos de la bandera de la igualdad y lo hacemos con orgullo porque ustedes se envuelven en una bandera en blanco y negro para tapar el conservadurismo y la derecha más rancia de Europa", ha añadido.

Catalá ha insistido en destacar que el PSOE hablaba de "un caso puntual en Murcia" cuando en España hay 8.300 registros civiles llevados por jueces "en el ejercicio de su función de independencia".

Y ha criticado que Soto pudiera "estar insinuando que el Ministerio tiene que decir a los jueces lo que tienen que hacer".

Asimismo, Catalá ha especificado que en el caso citado "un juzgado en Murcia ha tenido la aplicación de un criterio" que casualmente es "una ley aprobada en 2006" con gobierno socialista, y que pide que cuando una pareja del mismo sexo esperan un hijo, la madre embarazada acredite que han accedido a un sistema de fertilización autorizado.

El ministro ha recordado además que en 2015, con el PP, se aprobó la reforma del Código Penal para fortalecer penas y prevenir los delitos en materia sexual y contra la mujer y el odio por razón de sexo, que el PSOE no apoyó, al igual que pasó con la reforma del Registro Civil para superar el texto socialista de 2006 y que dos mujeres que van a tener un hijo no tengan que "acreditar nada".