Joaquín Romeu López de Sagredo, expresidente del Real Murcia y exsocio de Jesús Samper, asegura que con el proyecto de Nueva Condomina «no veníamos a robarle o sacarle dinero al Ayuntamiento», ya que la compensación por las obras del estadio se produjo a través del aprovechamiento urbanístico.

Así lo indicó ayer durante su declaración como testigo en la segunda jornada del juicio por Nueva Condomina, pieza separada del Caso Umbra, que se retomó en el Juzgado de Lo Penal número 5 de Murcia con el testimonio a primera hora como imputado de Joaquín Peñalver, exjefe de Planeamiento de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia.

Romeu reconoció a preguntas del Ministerio Fiscal que esperaban que el Consistorio les ayudase, «aunque no se estableció cuantía», ya que «en este proyecto teníamos que ir junto con el Ayuntamiento por las tramitaciones, licencias... No podíamos hacerlo solos por mucho dinero que pusiéramos». Además, reveló que desde el primer momento el Consistorio no quiso aportar dinero para el nuevo estadio en la expansión norte de la ciudad y confirmó que ellos no estuvieron de acuerdo con el aval que les exigió el Ayuntamiento para responder de esta obra por su exigencia, aunque lo entregaron porque entendieron que era un trámite que era preciso cumplir.

Respecto a las empresas de Samper que intervinieron en el proyecto, el expresidente del Club indicó que estas operaciones urbanísticas no las podía hacer directamente el Real Murcia. «Debíamos andar con cuidado para no endeudar al Club por unos negocios ajenos a la actividad del fútbol ya que si aumentaban los ratios (de endeudamiento) la Liga no nos hubiera permitido jugar», subrayó Romeu.

Protocolo sin publicidad

Preguntado por el protocolo firmado en 1999 por el exalcalde de Murcia y Jesús Samper, ya fallecido, el expresidente del Real Murcia considera que sólo era una carta de intenciones, sin poder ejecutivo. Ante la insistencia del Fiscal Anticorrupción, Juan Pablo Lozano, por la falta de publicidad que tuvo este convenio, Joaquín Romeu manifestó que «quizá» intentaran mantener el protocolo así para evitar una subida del precio del suelo y que se tergiversara éste.

Entre los testigos que pasaron ayer ante la jueza del Juzgado de Lo Penal número 5, Natividad Navarro, también estuvo Ana María Vidal, jefa de los servicios jurídicos del Consistorio de Murcia, quien afirmó durante su comparecencia que con el proyecto de Nueva Condomina «nadie en el Ayuntamiento pensó que se estaba regalando nada. Teníamos el convencimiento de que estábamos recibiendo más de lo que se aportaba».

En cuanto a la relación con Jesús Samper, impulsor del convenio, reconoció que con él llevaban muchos pleitos entre manos. «Cada paso que dábamos nos suponía un pleito porque interpretábamos de forma distinta las cosas», dijo ayer Vidal. En este caso recordó uno de los momentos en los que Samper se dirigió al Ayuntamiento y fue diciendo que el estadio había costado más de 50 millones, por lo que aseguró que el Ayuntamiento no sólo no le podía reclamar el 10% sino que tenía que darle dinero.

En sus conclusiones provisionales la fiscalía acusa a Miguel Ángel Cámara, Pedro Morillas y Joaquín Peñalver de un delito de prevaricación administrativa y sostiene que éste se habría cometido al liberar el Ayuntamiento a los promotores de la cesión del 10% de aprovechamiento de los terrenos. La vista oral continuará hoy con la declaración de nuevos testigos comenzando por el exconcejal de Deportes Miguel Cascales, que no pudo testificar ayer.