El exalcalde de Murcia Miguel Ángel Cámara afirma que «el Ayuntamiento nunca hizo ningún encargo al Real Murcia» y que el convenio suscrito en el año 2001 con el entonces dueño del equipo Jesús Samper para la construcción del nuevo estadio se realizó de acuerdo a la legalidad vigente, volcando en los técnicos municipales toda la responsabilidad del proyecto Nueva Condomina al afirmar que se actuó bajo los criterios de éstos, ya que de aspectos técnicos «no tengo ni idea».

De esta forma se pronunció ayer durante su declaración en la primera jornada del juicio por la pieza de Nueva Condomina, dentro del caso Umbra, en la que el Ministerio Fiscal pide para él diez años de inhabilitación para empleo o cargo público por un posible delito continuado de prevaricación urbanística al considerar que con este proyecto se benefició a las empresas de Samper.

Cámara, que respondió a las preguntas del fiscal anticorrupción Juan Pablo Lozano tras las intervenciones de las partes que plantearon las cuestiones previas, afirmó que el protocolo de Nueva Condomina «no tenía ningún valor» y lo comparó con el protocolo que firmó en 2006 el Ayuntamiento con el Ministerio para el soterramiento del AVE. Además, dijo no recordar que en el texto se hablara de plusvalías, a la vez que señaló que nunca supo nada sobre la compra o financiación de los terrenos de este proyecto.

Ante la insistencia de Lozano sobre por qué se firmó el protocolo marco si no tenía valor, el exedil respondió que «en él se enmarcan las premisas básicas en las que se puede realizar la colaboración de cara al futuro y después está sujeto a toda la tramitación», pero puntualizó que «valor jurídico de decisión no tiene y no sirve como aval».

En la vista celebrada ayer estaban citados para declarar tanto Miguel Ángel Cámara como el exdirector de la Gerencia de Urbanismo Pedro Morillas y el exdirector de Planeamiento de Urbanismo Joaquín Peñalver. Los tres, acusados de prevaricación urbanística y para los que se pide inhabilitación para cargo público. La defensa de Cámara alegó la prescripción del delito del que se le acusa, mientras que las otras partes consideraron, tras adherirse también a este planteamiento, que la Audiencia Provincial sería el órgano competente para juzgar el caso y no el juzgado de lo Penal.

Remontándose a 1998 Cámara indicó que tomó contacto con Samper cuando se hizo cargo del equipo de fútbol y se presentó en el Ayuntamiento, tras lo que surgió el protocolo marco para desarrollar convenios de colaboración para «estabilizar» al Real Murcia y contar con unas instalaciones adecuadas. «Pero el Ayuntamiento no asumió ningún compromiso, sólo colaboración en el marco de nuestras competencias».

Durante su declaración, que se alargó durante más de hora y media, el exedil recordó que ningún grupo político del Consistorio puso objeción ni hizo preguntas previas al Pleno en el que se aprobó el proyecto sobre el 10 por ciento de cesión de aprovechamiento. Cámara explicó que en aquel Pleno, en el que se aprobó el convenio urbanístico, de los 29 concejales que integraban la corporación votaron a favor 27, incluidos los ediles socialistas, «que lo apoyaron fervientemente». Y mencionó el caso de José Salvador Fuentes Zorita, portavoz del PSOE en la Glorieta en aquellas fechas, que llegó a decir que «lo había estudiado hasta la última peseta y que lo consideraba muy positivo».

Un buen proyecto para la ciudad

El exalcalde de Murcia dijo ayer que «el PSOE votó a favor porque era un buen proyecto para la ciudad. Y con este proyecto PP y PSOE encontramos un punto de unión porque prevalecía el interés». Un proyecto, el de Nueva Condomina, que «siempre estuvo supervisado por el secretario del Ayuntamiento».

Preguntado por si la tramitación se hizo con la suficiente transparencia y publicidad explicó que «el escrito pasó por varias manos, por lo que difícilmente iba a ser secreto», a lo que añadió que todos los concejales disponían de toda la información.

Durante las preguntas del fiscal Miguel Ángel Cámara negó que el contenido del convenio se hubiera preparado de forma que beneficiara a los intereses urbanísticos de Samper, ya fallecido, para añadir que él no planteó la edificabilidad de los terrenos adquiridos por este promotor, ni dio instrucción alguna a los técnicos del Consistorio para que redactaran informe en la dirección que deseaba. Igualmente, negó que diera instrucciones para bloquear o desbloquear ningún proyecto, así como las supuestas desavenencias con el entonces concejal de Urbanismo, Ginéz Navarro, por la tramitación de este convenio.

La vista continuará la próxima semana con la declaración del exjefe de Planeamiento Joaquín Peñalver, aunque su recorrido en este proceso será corto, ya que el fiscal expuso en la sesión de ayer que los hechos que le atribuye han prescrito. Por otra parte, el Ministerio Fiscal retiró la petición de nulidad del plan parcial tras la intervención del letrado de la Junta de Compensación, Federico Ros, quien ha manifestado que cree que todos los afectados no están representados en la causa.