Se ha iniciado la cuenta atrás para que el que fuera alcalde de Murcia durante 20 años, Miguel Ángel Cámara, se siente en el banquillo de los acusados en la primera causa que se juzgará del caso Umbra, una investigación judicial que arrancó hace casi ocho años (en 2010) sobre los convenios que el Ayuntamiento capitalino firmó con promotores y constructores para desarrollar la zona norte del municipio.

La pieza que se juzgará a partir del 9 de mayo (miércoles) es la de Nueva Condomina, y en el banquillo se sentarán además de Cámara, el que fuera gerente de la extinta Gerencia de Urbanismo, Pedro Morillas, y el exjefe de Planteamiento y número 2 de la Gerencia, Joaquín Peñalver. Los tres están acusados de prevaricación urbanística continuada y se enfrentan a penas de inhabilitación para empleo o cargo público.

En un principio, la primera sesión estaba fijada para el 8 de mayo, pero se ha retrasado al miércoles porque Jaime Peris, el abogado de Morillas, debe atender la última sesión en Madrid por el caso Gürtel, ya que es uno de los abogados defensores en esa causa, según indicaron a esta redacción fuentes judiciales.

Así las cosas, al comienzo del juicio la jueza del Juzgado de los Penal Número 5, Natividad Navarro, encargada del caso Nueva Condomina, deberá escuchar lo que tienen que decir las defensas. Se trata de las cuestiones previas que se van a plantear, que ya fueron reflejadas en los escritos de defensa de los acusados. Una de ellas es la prescripción del delito que se imputa a los acusados, uno de los argumentos que defenderán los letrados de Cámara, José María Caballero y Vicente Sanmartín. Los abogados de Morillas y de Peñalver, Jaime Peris y José y Raúl Pardo, respectivamente, plantearán que se ha producido indefensión a lo largo de todo el proceso y que un juzgado de lo penal no es competente para juzgar el delito imputado por las penas que se solicitan. Así, pedirán al tribunal que el caso pase a la Audiencia Provincial. Peris esgrimirá la «excepción de caso juzgado», al haber sentencias de lo contencioso sobre Nueva Condomina que dieron al Ayuntamiento la razón.

Trasvasar el caso a la Audiencia ya lo intentó el fiscal de la causa, Juan Pablo Lozano, pero la jueza rechazó la propuesta. Además, el Ministerio Público también pretendió modificar el delito imputado y cambiarlo a malversación, basándose en la sentencia del caso Malaya (el saqueo del consistorio marbellí a través de la Gerencia de Urbanismo), propuesta que tampoco fue atendida.

En el juicio habrá otra parte que contará con su propio abogado. Se trata de la junta de compensación del proyecto Nueva Condomina, que tiene como abogado a Federico Ros, que decidió personarse en la causa porque el fiscal Lozano lleva entre sus propuestas anular el plan parcial.

Una vez que se planteen al comienzo del juicio las cuestiones previas, la jueza decidirá si las toma en consideración en ese mismo momento y resuelve, lo que podría llevar a que no se celebraran las siguientes sesiones del juicio en caso de que atendiera a los abogados defensores, o les dará respuesta en la sentencia final una vez desarrollada la vista con la declaración de testigos y la aportación de pruebas. Las fuentes judiciales consultadas indicaron a esta redacción que lo más probable es que Navarro se decante por dirimirlas en la sentencia final.

Según el fiscal Anticorrupción, los acusados cometieron unas presuntas ilegalidades en Nueva Condomina, que impulsó en el norte del municipio el hoy fallecido presidente del Real Murcia, Jesús Samper, que también fue imputado. Para Lozano, estas decisiones de apariencia ilícita habrían beneficiado al promotor en contra del interés público.