Con pancartas en las que se podía leer No estamos todas, faltan las presas, No a la violencia institucional y Justicia para Manuel, allegados del joven murciano que murió en una cárcel de Castellón en 2017 se concentraban ayer a las puertas de la Delegación del Gobierno en Murcia, en Alfonso X.

Ni una muerte más, clamaban los asistentes, entre los que se encontraban familiares de Manuel Fernández, que tenía 28 años cuando fue hallado muerto en la prisión, allá por el mes de octubre. Entre las pancartas se podía ver el emblema del pueblo gitano, que celebraba precisamente el domingo su día. «Un día sin flores y de luto», lo calificaron desde Gitanas Feministas en su cuenta de Twitter.

Precisamente con motivo de ese día, Murcia se apuntaba a la campaña Partir de cero, promovida por la Fundación Secretariado Gitano para convertirse en una 'Ciudad Cero', es decir, con cero prejuicios y cero discriminación hacia las personas de la etnia.

Volviendo al caso de Manuel, Instituciones Penitenciarias anunció entonces que había abierto una investigación para tratar de esclarecer la muerte, que fue en la cárcel de Albocàsser (Castellón II).

Su familia ha afirmado siempre que, cuando les entregaron el cadáver del chico, este presentaba cardenales y signos de haber sufrido una muerte violenta.

Sus parientes creen que el chico «ha muerto violentamente, a manos de los carceleros, ya que él estaba en aislamiento y no tenía contacto con nadie más», denuncian. «Lo han matado y tiene signos de haberse defendido», afirman familiares del joven, que insisten en que Manuel no sufría alguna enfermedad que justifique la «muerte súbita», que es, señalan, la causa que les dieron.

Desde Instituciones Penitenciarias dijeron entonces a este periódico que, cada vez que se produce la muerte de un interno, se abre una investigación al respecto, en la cual se encarga una autopsia. Añadieron que los resultados de las pruebas toxicológicas pueden tardar meses.

Apoyan a la familia del difunto los colectivos Convivir Sin Racismo, Asociación de Gitanas Feministas por la Diversidad, Familias frente a la Crueldad Carcelaria y la Coordinadora Anti Represión.

La muerte se produjo el 22 de octubre. Llamaron de madrugada a la madre del chico para informarle de lo sucedido.

«No le dieron ninguna otra información más que el teléfono de la funeraria. La madre habló con algún empleado de la misma para que trasladaran el cuerpo de Manuel a Murcia», aseguran los denunciantes. «No trajeron ningún papel, ni certificado de defunción, ni informe de la autopsia ni nada. Les tuvieron que pedir algún papel que documentara la situación, a través de un abogado, ya que se negaban a entregarlo», agregan.

«Cuando la madre llamó por teléfono a la funeraria, dijeron que no sabían cuándo iba a llegar. Les avisaron a última hora y llegó a Murcia por la tarde, a las 18.30. Llamaban a Castellón, a la cárcel, a los juzgados... y nadie les daba ninguna información», reclaman los demandantes.

El cuerpo presentaba, según su familia, «marcas de esposas y ataduras en muñecas y brazos, y también en los tobillos; dedos rotos y uñas de las manos destrozadas; el pecho lleno de heridas y cardenales y marcas en el cuello».

Según la familia, se desplazaron al lugar cuatro agentes de Policía, pero se negaron a mirar siquiera el cuerpo, diciendo que no era cosa suya al haberse producido la muerte en Castellón.