La Conferencia de Rectores de Universidades españolas (CRUE) ha designado a dos "observadores externos", uno de ellos de la UMU, para apoyar a la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) en la investigación de las circunstancias que rodean el máster cursado por la presidenta madrileña Cristina Cifuentes, a petición de la URJC.

Se trata del director del Servicio de Inspección de la Universidad de Burgos, José Ángel Contreras, y de la jefa del Área de Inspección de Servicios de la Universidad de Murcia (UMU), Carmen Ruiz, según ha anunciado hoy la CRUE en un comunicado.

Ambos "supervisarán el procedimiento de información reservada abierto por la URJC con el objetivo de ofrecer la máxima transparencia en el proceso administrativo relacionado con el máster universitario en Derecho Público del Estado Autonómico cursado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes", detalla la CRUE.

Carmen Ruiz (Murcia, 1952) es licenciada en Derecho y funcionaria del Cuerpo Superior de Administradores de la Región de Murcia. Desde 1998, forma parte de la asesoría jurídica de la Universidad de Murcia y actualmente es jefa del Área de Inspección de Servicios de esta institución.

Además, es miembro del Comité Permanente del Grupo de Trabajo de Inspección de Servicios de Crue-Secretarías Generales.

José Ángel Contreras (Urretxu, Guipúzcoa 1967) es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Valladolid y graduado en Derecho por la UNED y, tras entrar en el Servicio de Inspección de la Universidad de Burgos en 2010, fue nombrado en 2012 fue nombrado director del mismo.

Es miembro del Comité Permanente del Grupo de Trabajo de Inspección de Servicios de Crue-Secretarías Generales y, desde julio de 2016, además es vicegerente de la Universidad de Burgos, agrega el comunicado de la CRUE.

La Conferencia de Rectores responde así a la petición realizada la semana pasada por el rector de la URJC, Javier Ramos, de designar a un jefe o jefa de Inspección de Servicios de una de las universidades de esta asociación para que actúe como "observador externo".

La URJC explicaba que, "dada la repercusión social del caso", el objetivo de la solicitud es el de "promover al máximo la transparencia en este proceso".