16 de febrero de 2018
16.02.2018
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Tener un trabajo no garantiza a los murcianos evitar el riesgo de pobreza

Un estudio del IMAS, EAPN y la UMU detecta que el aumento de los contratos precarios y los bajos salarios hacen que uno de cada tres ciudadanos con empleo tenga problemas para llegar a final de mes

15.02.2018 | 20:38

El autor principal dice que los jóvenes "han quedado atrapados entre la formación y la experiencia".

Estar trabajando no garantiza llegar a final de mes. Los bajos salarios y empleos cada vez más precarios hacen que muchas familias tengan problemas para hacer frente a los gastos diarios de la casa, alimentación, ropa o imprevistos que puedan surgir. Así lo indica el estudio 'Condiciones de vida y bienestar social de la población en riesgo de pobreza y exclusión social en la Región de Murcia. Una aplicación de diseño metodológico al municipio de Murcia' cuyos primeros resultados fueron presentados ayer y que ponen de relieve que casi el 32 por ciento de la población de Murcia en riesgo de pobreza y exclusión social tiene un empleo, lo que muestra que disponer de trabajo no es suficiente protección.

El autor principal del estudio, el profesor de la Facultad de Economía Aplicada de la Universidad de Murcia (UMU), Antonio Losa, asegura que «la existencia de personas que, teniendo un trabajo, viven por debajo del umbral de la pobreza no es un fenómeno nuevo, pero la crisis y los recortes en prestaciones sociales han hecho que aumenten los casos y se visibilicen».

La investigación, cuya primera fase ha tenido como objeto de estudio el municipio de Murcia y se ampliará a toda la Región continuando por el Valle del Guadalentín, ha sido financiada por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades a través del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) y en ella ha participado la Red de Lucha Contra la Pobreza (EAPN). En ella se señala que la tasa del riesgo de pobreza en la capital de la Región es del 28,4 por ciento, frente al 28,9 por ciento de media regional y el 22,3 por ciento de la media de España.

Para encuadrar la situación se ha analizado cómo ha variado la población en riesgo de pobreza y exclusión entre los años 2008 y 2016, percibiéndose un incremento de más de 260.000 personas en los seis primeros años en la Región, pasando la cifra de 389.616 personas a 652.898, mientras que a partir del año 2014 este dato ha ido descendiendo hasta los 503.738 murcianos en riesgo, una disminución de casi 150.000 personas que «está siendo más lenta porque hay un retardo temporal en la recuperación», según Losa, quien asegura que el año más duro de la crisis fue 2009, periodo en el que aún existía un colchón social capaz de sostener o mitigar la situación. El experto también recuerda que «es fácil caer en la zona de exclusión, pero muy difícil volver a situaciones de integración social».

El autor principal del proyecto, que estuvo acompañado ayer del presidente de EAPN, Diego Cruzado, así como de las directoras generales del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) y de la Consejería de Familia, Verónica López y Miriam Pérez, respectivamente, explicó que el 47,9 por ciento de los hogares murcianos no tiene capacidad para hacer frente a un gasto imprevisto de 650 euros con sus propios recursos; el 10,7 por ciento ha tenido retrasos en pagos relacionados con la vivienda; el 3,9 por ciento no puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días y el 24,5 por ciento llega con mucha dificultad a fin de mes con sus ingresos.

Además, el 48,7 por ciento no puede permitirse ir de vacaciones fuera de casa, al menos una semana al año; el 19,3 por ciento no puede permitirse mantener su vivienda a una temperatura adecuada durante los meses de frío, o que la pobreza energética afecta a 77.351 hogares en la Región, de los que16.606 son del municipio de Murcia (como ya adelantó LA OPINIÓN el pasado mes de diciembre).

El estudio pone de manifiesto que los resultados municipales «son más positivos» que los regionales, excepto si se cruzan los tres indicadores de riesgo.

Subarrendan parte de sus casas

Respecto a los grupos de personas que se ven afectadas por estas situaciones de desamparo, Antonio Losa destacó a los jóvenes, «quienes han quedado atrapados entre la formación y la experiencia»; los mayores de 45 años, que transitan por la inestabilidad; la población inmigrante y los hogares monoparentales compuestos por una madre migrante con hijos, que también tienen mayores dificultades. Además, los técnicos han detectado casos de hacinamiento en las viviendas como consecuencia del alto precio para acceder a una casa, lo que hace que los hogares tengan que agruparse o subarrendar parte de la vivienda para hacer frente a este gasto. En cuanto a la formación, el estudio recoge que es «imprescindible» para evitar las situaciones de vulnerabilidad socio-laboral, aunque también señala que se ha constatado que ésta no es sinónimo de empleo estable y ajustado a la cualificación adquirida.

La directora del IMAS también se refirió al presupuesto de su departamento para 2018, que crece en 15 millones, un 5,6 por ciento más. Esta subida incluye el incremento de 3 millones de euros de la Renta Básica de Inserción, hasta alcanzar los 18,5 millones.

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