La Plataforma Pro Soterramiento pedirá mañana ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo que se investigue si los trabajos para enterrar las vías del tren en Murcia están vulnerando la legalidad por carecer de la memoria de impacto ambiental obligatoria para todas las obras públicas.
El portavoz de la plataforma, Joaquín Contreras, comparecerá a partir de las 9:45 horas más de dos años después de que su solicitud fuera admitida a trámite por la presidencia de la comisión, en octubre de 2015.
Para la plataforma, el proyecto adjudicado a la empresa Aldesa no cuenta con esa memoria, porque la única que hay, de 2009, se hizo sobre la base del convenio firmado en 2006 para la llegada del tren de alta velocidad (AVE) a la ciudad por representantes de las administraciones central, autonómica y local.
Sin embargo, según los cálculos de ese colectivo, el proyecto actual solo coincide en un 18 por ciento con el aprobado en 2006, que no contemplaba la llegada en superficie de la alta velocidad, lo que sí ocurrirá al menos provisionalmente durante dos años con las actuaciones acordadas.
Así, según la petición de la plataforma, "el impacto del ruido no se ha evaluado por los tramos de superficie de recorrido y el proyecto repercutirá sin duda en el paisaje, los niveles sonoros, el entorno urbano y la vida en la ciudad".
Además, alerta de que el proyecto de 2006 se ha dividido también en varios subtramos "para evitar tener que hacer una evaluación de impacto ambiental global".
La comparecencia de la plataforma se ha mantenido a pesar de que la semana pasada la Comisión Europea (CE) emitió un informe que avala la validez de la memoria ambiental realizada en 2009, en la línea que mantienen también el Ministerio de Fomento y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, que consideran que ese informe es válido también para el proyecto actual.
Para Contreras, ese informe no entra a valorar el fondo del asunto, sino que se limita a transmitir la opinión ofrecida por el Gobierno de España y no es una investigación de la CE.
La plataforma puso el pasado 3 de noviembre una denuncia en la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia por esta misma cuestión contra el presidente de esa comunidad, Fernando López Miras; el consejero de Fomento, Pedro Rivera; el alcalde de la ciudad, José Ballesta, y el concejal de Urbanismo, Antonio Navarro.
Considera que podrían estar incurriendo en un delito de "prevaricación por omisión" al no paralizar las obras a pesar de la ausencia de la memoria de impacto ambiental y de que así lo advirtieron también los servicios jurídicos municipales en mayo de 2015.
