La titular del juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 7 de San Javier ha acordado el sobreseimiento y archivo de la querella por un presunto delito de acoso laboral que Francisco Ruiz, profesor titular de la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Murcia, presentó contra el decano, Arturo Díaz Suárez, y los dos últimos secretarios del Departamento de Actividad Física y Deporte, Alfonso Valera y Ernesto de la Cruz.
El sobreseimiento no es firme, y contra esta decisión cabe interponer ante ese Juzgado un recurso.
Según consta en el auto de la jueza, tras practicar las diligencias oportunas, «no ha quedado constatado ni se describe en la querella una conducta que presente con la intensidad necesaria, las características que justificarían su subsunción en el tipo penal que prevén las situaciones de acoso laboral (arts. 173.1 y 2 Código Penal)».
Y añade que no se aprecia «ni un ataque grave intencionado hacia su integridad personal que menoscabe gravemente su integridad moral (art. 173.1 Código Penal) ni tampoco que, prevaliéndose de una relación de superioridad, se hayan realizado contra él actos hostiles o humillantes que supongan grave acoso contra el mismo,(art. 173.2 Código Penal)».
En su querella, el profesor Ruiz detallaba más de una treintena de actos «hostiles o humillantes» que decía haber sufrido, si bien la jueza considera que «ya de inicio y del mero relato fáctico de la denuncia, difícilmente podemos incardinar los hechos en la conducta descrita en el tipo penal».
Y añade en otro momento de la sentencia que «es evidente que han debido existir tensiones entre las partes, motivadas por las múltiples reclamaciones y requerimientos que el querellante formulaba. Sin embargo, esa falta de entendimiento no puede incardinarse, sin más, en una conducta delictiva de tal gravedad como la imputada».
La titular del juzgado nº 7 de San Javier también indica que los comportamientos que se relatan en su mayor parte hacen referencia a actuaciones enmarcadas dentro de las funciones que en sus diferentes cargos han ido ostentando los querellados, y con las que Francisco Ruiz «no ha estado de acuerdo por considerar que las mismas no se ajustaban a la normativa que en el desarrollo de la función universitario debía regir».
Así el profesor habla de la no concesión de permisos, la emisión de un informe negativo en relación al reconocimiento de un quinquenio, la no aprobación de la guía docente para el curso 2012/2013, la incoación de un expediente disciplinario por no tener aprobadas las guías docentes y un largo etcétera de actuaciones «que el querellante se limita a describir de forma genérica sin concretar la infracción cometida».
La jueza tampoco aprecia la existencia de indicio alguno del delito denunciado después de analizar la extensa documentación aportada, según indica.
