Los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Murcia han denunciado ante la Inspección de Trabajo la «cesión ilegal» de trabajadores hasta en catorce servicios municipales, una situación que consideran una «mala praxis» del Gobierno de Ballesta y por la que han pedido que se convoque un Pleno extraordinario para abordar de forma monográfica esta situación que afectaría a un centenar de empleados.

Los concejales Juan Vicente Larrosa del PSOE; Mario Gómez de Ciudadanos; Sergio Ramos de Cambiemos; Alicia Morales de Ahora Murcia, y el edil no adscrito Luis Bermejo informaron ayer de que entre los contratos que están bajo el punto de mira se encuentran el servicio de Tribugest, la gestión del 092, registro y atención al ciudadano, InformaJoven, los centros de visitantes de La Luz, San Antonio El Pobre y La Muralla, el punto de información de El Carmen, voluntariado europeo y otras acciones formativas de movilidad europea, el centro de recursos juveniles La Nave, el servicio de mantenimiento y asistencia técnica de la aplicación informática que utiliza la Policía Local y la actividad de Clubes de Lectura en la red municipal de bibliotecas, entre otros.

Larrosa afirmó que «la política de personal del Ayuntamiento deja mucho que desear, ya que ha sido condenado en varias ocasiones por su mala praxis», al tiempo que hizo referencia a los trabajadores del Museo Ramón Gaya, que han tenido que ser asumidos por el Ayuntamiento, «lo que supone un aumento del gasto». El portavoz de Cs en el Ayuntamiento recordó que existe un informe de la Inspección de Trabajo en el que queda reflejado que las empresas adjudicatarias no asumen ningún riesgo, a lo que se une una sanción al Consistorio que ha sido recurrida», por lo que consideró que es necesaria una reorganización de los servicios afectados».

Desde Cambiemos el edil Sergio Ramos culpó de «esta situación de bloqueo» al concejal de Hacienda, Eduardo Martínez Oliva, ya que el trabajo de comisiones tan relevantes como la de Vigilancia de la Contratación o la mesa de trabajo sobre Remunicipalización de servicios externalizados está parado.

Alicia Morales también incidió en que «hay que hacer una revisión en profundidad de la política de personal del Ayuntamiento», que calificó de «caótica» y dijo que «genera situaciones de precariedad que está llevando a que se hagan inspecciones y se pongan multas». Los concejales de la oposición insistieron en que esperan una respuesta por parte del Ayuntamiento, que cuenta con 15 días para convocar el Pleno desde que se solicitó el pasado viernes, por lo que el concejal Luis Bermejo dijo que espera que esta petición no se quede en nada «que es la forma de actuar del PP» y que «tengamos que llevar a cabo medidas de fuerza».