La reunión de Adif con la Plataforma Prosoterramiento, retrasada por el avión

Entre las diferentes reuniones de Bravo, a las 11 horas tenía un encuentro en la Delegación del Gobierno con la Plataforma Prosoterramiento, el alcalde de Murcia, José Ballesta, y el consejero de Presidencia y Fomento, Pedro Rivera. Sin embargo, el retraso de su avión ha hecho imposible que la reunión empezara a su hora.

El hecho de que el presidente de ADIF venga a Murcia volando y no en tren y que, además, llegara tarde, ha provocado más de un tuit con sorna en las redes sociales.

Tras la reunión en la Delegación del Gobierno hay previsto otro encuentro a las 12.00 entre el presidente de ADIF y los grupos políticos, colectivos y agentes sociales en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Murcia. Previsiblemente, todo irá con retraso.

"Estrategia" para intentar frenar la protesta

Esta visita se ve desde la parte de los vecinos y afectados como una «estrategia» para intentar frenar la protesta ante el respaldo que han tenido en los últimos días con vídeos de escritores, actores y personas conocidas que han compartido en redes sociales unas palabras de apoyo a la Plataforma.

Los ánimos se han caldeado en los últimos días entre los afectados por las obras de la llegada del AVE a Murcia, quienes incluso han amenazado con llevar a los tribunales a ADIF, lo que supondría la paralización del proyecto hasta que la demanda se resuelva. La gota que colmó el vaso llegó el lunes, cuando a las nueve y media de la mañana los técnicos del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias se presentaron en la Orilla de la Vía para mantener un encuentro con los vecinos e informarles del muro que se va a levantar entre la plataforma para la Alta Velocidad y sus viviendas, muro que en algunos puntos queda a sólo 80 centímetros de la puerta de entrada de las casas. El concejal de Fomento, Roque Ortiz, intentó relajar la tensión 24 horas después asegurando que este muro no es tal y que se trata de una pantalla transparente como la que hay en las autovías y aseguró que tendrá caducidad, ya que se prevé retirarla dos años después. Sin embargo, esta explicación no convence a los afectados, que han decidido constituirse como asociación y buscar un abogado que les represente al sentirse «engañados», tal y como han expresado algunos de ellos.