La consejera de Agricultura y Agua, Adela Martínez-Cachá, ha ido esta mañana a declarar a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia en calidad de investigada por un presunto delito de prevaricación administrativa en el llamado caso Guardería y que ocurrió cuando ella era concejala en el Ayuntamiento de Murcia.
Cachá dijo antes de entrar que "vengo con ganas de aclarar todo lo que el TSJ quiere que aclare". Además, recordó que la decisión se tomó cuando ella solo llevaba un mes como edil en el consistorio y que el asunto tratado no tenía relación con las competencias de su concejalía. Preguntada sobre si dimitirá si continúa investigada en el caso respondió que "no barajo ninguna hipótesis y solo he venido a aclarar cosas".
La investigación se centra en los acuerdos que adoptó en 2007 la junta de gobierno del ayuntamiento de Murcia para el traslado y posterior demolición de la escuela infantil del barrio de La Paz, en la etapa en la que Martínez-Cachá era concejala.
El Tribunal Superior se declaró competente el pasado diciembre para investigar a Martínez-Cachá por su condición de aforada. Las diligencias elevadas al Tribunal Superior tratan de determinar si varios miembros de la corporación local de Murcia, entre ellos el exalcalde Miguel Ángel Cámara y la actual consejera, incurrieron en algún ilícito penal cuando acordaron el derribo de la guardería del barrio de La Paz de Murcia para la remodelación de la zona proyectada por el promotor inmobiliario José López Rejas. Este constructor proyectaba una rehabilitación integral del barrio y construir 1.502 viviendas, que no llegaron a edificarse.
La investigación llegó al Tribunal Superior a raíz de la exposición motivada que le elevó el Juzgado de Instrucción de Murcia, que durante varios años tramitó las diligencias, que fueron archivadas y reabiertas en tres ocasiones.
