«Por el estrangulamiento financiero que hubo, nadie construyó. No se levantó un solo edificio. Yo cobré los honorarios que estaban pactados con cada cooperativa. Yo cobré por mis servicios profesionales, igual que cobró el notario y el aparejador y el registrador de la propiedad».

Así se expresaba ayer ante el juez José Ignacio G. C., para quien el fiscal pide seis años de cárcel por presuntamente estafar a doce personas y una mercantil. Está acusado de prometer que construiría unas viviendas en el barrio murciano de La Flota, viviendas que jamás se hicieron, como él mismo reconocía ante el tribunal.

José Ignacio G. C. era responsable del grupo inmobiliario La Platería, y comenzó a meterse en cooperativas. «Esto surgió como un proyecto personal mío con una serie de amigos que estábamos buscando vivienda en esa zona», contó al juez, a lo que añadió que dio con «en torno a 30 ó 40 personas (interesadas)».

Admite que no entregó ninguna vivienda. «Ni yo ni nadie», subrayó. «Inicio estos proyectos con el apoyo de Bancaja, que nos iba a dar apoyo financiero. Me reuní con el director y el interventor de la oficina de La Flota de Bancaja, que eran cooperativistas los dos. En lo que tardamos en obtener las licencias de obra, cerca de un año y medio, Bancaja nos comunica que ya no nos da préstamos», manifestó al respecto.

«Yo me arruiné»

«Si se produjo algún ingreso (de los cooperativistas) en La Platería, pudo ser algún error. Y ese dinero se transfirió a las cuentas de las cooperativas», remarcó.

El acusado llegó a crear hasta cuatro cooperativas. «Todavía los bancos no decían que teníamos respaldo», hizo hincapié.

«El compromiso mío como gestor de la cooperativa era no rebasar el precio máximo de 1.800 euros el metro cuadrado», señaló.

Admitió haber recibido las cantidades de todos los supuestos estafados. «Todas esas cantidades se aportaron al capital social de las cooperativas, tal como estaba pactado», aseguró. «Esto es una evolución que sufrimos todos. Y en la Región de Murcia, todavía más agravado. Yo me arruiné», aseveró el acusado.

Junto a José Ignacio G. C. se sentaban en el banquillo tres empresarios más, que presuntamente participaron con el principal procesado en la estafa. Para cada uno de estos tres hombres -Francisco C. L. Antonio M. M. y Miguel Vicente V. M.-, el Ministerio Público solicita tres años de prisión.

En cuanto a las cantidades presuntamente estafadas a cada persona, van de los 30.000 a los 50.000 euros. El fiscal pide que se les devuelva el dinero a los afectados.