A una semana para que termine el año, el Ayuntamiento puso ayer sobre la mesa de todos los grupos políticos municipales el borrador de los presupuestos para el año que viene, que prevé que las arcas municipales dispongan de 406,6 millones de euros frente a los 404,4 de 2016, lo que supone un incremento del 0,5%. La partida para inversiones será de 36,5 millones (un 18% más), de los que 33 estarán destinados a realizar proyectos en los barrios y las pedanías.

El concejal de Hacienda y Contratación, Eduardo Martínez-Oliva, presentó el anteproyecto para las cuentas del Consistorio, que registrarán una caída de un millón de euros como consecuencia de la bajada de impuestos prevista, si bien contarán con dos millones de euros más procedentes de las aportaciones del Estado.

El edil destacó el descenso de la carga financiera en los capítulos de gasto en casi 4 millones como consecuencia de la reducción de la deuda por la amortización anticipada de préstamos (13 millones). «Una tendencia que previsiblemente continuará en el año siguiente y que permitirá amortizar más deuda de la que se contrata», reflejo, a su parecer, «del buen estado financiero en el que se encuentra el Ayuntamiento».

Por primera vez, tal y como habían demandado las juntas municipales y los grupos de oposición, los presupuestos recogen de manera pormenorizada el presupuestos para cada uno de los barrios y pedanías y las actuaciones concretas en ellos. Eso permitirá, también por primera vez, que los remanentes de inversiones que no se lleven a cabo en el ejercicio previsto puedan volver a incorporase al presupuesto de cada pedanía al año siguiente, evitando así que pierdan fondos cuando no pueden llevar a cabo un proyecto.

Martínez Oliva resaltó que el presupuesto disponible por los servicios comunitarios de pedanías crece un 282%, mientras que el dinero previsto para descentralización aumenta más del 28%. También subrayó el incremento del 9% en los fondos destinados a ayudas sociales, el aumento del 26% de las partidas dirigidas a sufragar alquileres sociales o la dotación de 250.000 euros para financiar el IBI social, dirigido a familias en riesgo de exclusión.

Como queda en manos de la oposición darles el visto bueno a los presupuestos, Martínez Oliva comentó que «estamos abiertos a cualquier propuesta» y confía en que este año se llegue a un nuevo entendimiento con algunas formaciones, «que enriquezca el presupuesto» y poder aprobarlo, lo que espera que «previsiblemente será a mediados de febrero».