El abogado de Miguel Ángel Cámara, José María Caballero, declaró ayer, preguntado por la pieza separada del caso Umbra relativa a la venga de la finca de Baños y Mendigo, que los suegros del exalcalde «se pudieron beneficiar no entiendo de qué manera, cuando venden un terreno por debajo de lo que fue el precio de expropiación».

El letrado subrayó que «en todo caso, fue 2006, han pasado diez años». «Aunque los suegros de Cámara hubieran matado a alguien, habrían pasado los diez años de prescripción de ese delito», insistió.

El delito estaría, por tanto, «a todas luces prescrito. No se entiende qué presunto delito podría haber ahí», dijo el abogado.

El juez David Castillejos, encargado del caso Umbra -en el que se investiga una presunta corrupción urbanística en el municipio de Murcia- ha llamado a declarar como investigados -figura anteriormente conocida como ´imputado´- a Miguel Ángel Cámara, y a sus suegros, Tomás Meroño y Francisca Balsalobre. Los acontecimientos relacionados con la venta de una finca, propiedad de Meroño y Balsalobre, son, en opinión del juez instructor, «constitutivos de delitos de negociaciones prohibidas, prevaricación y cohecho». Esta operación se llevó a cabo «en una actuación urbanística que supuso unas plusvalías muy elevadas y consiguiente enriquecimiento para sus vendedores», según se lee en la resolución, con fecha del 27 de septiembre, del titular del Juzgado de Instrucción Nº 8 de Murcia.

A juicio del abogado José María Caballero, hay «una persecución» contra el que fuera alcalde de Murcia durante veinte años, ya que, además de esta pieza separada que se ha abierto ahora, el mismo juzgado de instrucción de Murcia tramita otra por su participación en el convenio Nueva Condomina.