La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha instado a un total de 62 municipios españoles de más de 100.000 habitantes, entre los que se encuentran Murcia y Cartagena, a que garanticen la alimentación de los menores de familias vulnerables, especialmente en las vacaciones de verano, mediante la fórmula que consideren más idónea: apertura de comedores escolares, distribución de tarjetas sociales o cheques para comprar alimentos, campamentos urbanos o catering.

Becerril también solicita que, en los informes sociales para la asignación de prestaciones, se dé prioridad a los casos de menores o personas con discapacidad, según ha informado esta institución en un comunicado. En años anteriores trasladó esta petición a las comunidades autónomas y en esta ocasión se ha dirigido directamente a los grandes municipios como la capital de la Región de Murcia y la ciudad portuaria, donde su volumen de población «dificulta la detección de casos».

La institución se ha dirigido a 12 ciudades de Andalucía, con sevilla Sevilla, Málaga, Córdoba, Granada entre ellas; 10 de Cataluña, entre las que se encuentran Barcelona, Terrassa, Sabadell, Lleida o Tarragona y 10 de la Comunidad de Madrid (Móstoles, Alcalá de Henares y Fuenlabrada)

También a cuatro municipios de Canarias; cuatro de Castilla y León; cuatro de la Comunidad Valenciana; cuatro de País Vasco; tres de Galicia; dos de Principado de Asturias ; y una de Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Navarra y La Rioja.