«Desamparo e impotencia». Este es el sentimiento con el que viven desde el año 2006 unas seis familias dueñas de unos terrenos ubicados en Nonduermas, en los que desde ayer ya se pueden ver dos grandes torres de alta tensión. En concreto, el pasado martes llegaron los operarios de Iberdrola para instalar las líneas, unos trabajos avalados por la Comunidad Autónoma, a pesar de que cuentan con hasta cuatro informes desfavorables emitidos por el ayuntamiento de Murcia. Pero esta historia viene de lejos. En 2006, la empresa eléctrica solicitó autorización a la entonces consejería de Industria para colocar una línea eléctrica de alta tensión, por lo que dicha Consejería pidió al Ayuntamiento unos informes, los cuales resultaron negativos, ya que «el planeamiento municipal y las ordenanzas establecen que en este tipo de suelo (urbano y urbanizable especial) solo se pueden instalar dichas líneas, siempre que sean soterradas», tal y como explica a esta Redacción Matías Caballero, hijo de uno de los dueños del terreno más afectado: una finca de 5.000 metros cuadrados en la que desde ayer reinan dos torres de alta tensión y un centro de transformación.

En su día, el informe elaborado por los Servicios de la Gerencia de Urbanismo se reflejaba la oposición a dicho proyecto, destacando que «en cumplimiento de la Ley de Suelo las obras están sujetas a licencia, los proyectos deben redactarse cumpliendo las determinaciones de los planes vigentes, debiendo contener la documentación precisa de situación sobre el Planeamiento y la justificación de su cumplimiento».

Tras esto, el tiempo siguió pasando y la consejería de Industria -a pesar de los informes negativos y de no contar con informe de la consejería de Urbanismo- decidió dar el visto bueno a la instalación de la línea de alta tensión, sin tan siquiera pasar por Consejo de Gobierno, tal y como se establece para estos casos. Entonces, ya en el año 2011, el Ayuntamiento planteó un recurso de alzada que fue desestimado y, finalmente, archivó la causa, «cuando lo lógico es que hubiese planteado un contencioso administrativo a la vista de las irregularidades», destaca Caballero.

No fue hasta 2013 cuando se les notifica las expropiaciones a los afectados, aunque, según denuncia Caballero, «las primeras notificaciones llegaron a direcciones que nada tenían que ver cono nosotros», algo que califica de otra irregularidad, al igual que «quisieran darnos 300 euros por las expropiaciones, cantidad que al reclamar subieron a 7.000 euros -dinero que no ha sido aceptado por los afectados-». Fue entonces cuando decidieron llevar el asunto a la Justicia y, actualmente, hay un contencioso en trámite, «aunque no hemos conseguido que decreten medidas cautelares».

Aun así, Matías Carrasco insistió ante el Ayuntamiento, porque «con los informes negativos, con el hecho de que no pasara por Consejo de Gobierno, y por todo lo que ha pasado, nos parece injusto que ocurra. Está claro que hacen lo que quieren», añade. Esta insistencia hizo que el actual concejal de Urbanismo, Antonio Navarro Corchón (que en la época de aprobación por parte de la Consejería era director general de la consejería de Obras Públicas), enviara hasta dos requerimientos a la consejería de Desarrollo Económico -el último el pasado 20 de mayo- solicitando «aclaración sobre el procedimiento seguido» en relación al proyecto de Nonduermas, así como «la suspensión», hasta conocer todos los detalles.

Estos requerimientos no obtuvieron respuesta por parte de la Comunidad y el pasado martes los obreros rompían el candado de la finca para comenzar los trabajos de instalación de las torres de alta tensión que, prácticamente, quedaron finalizados ayer, ante la impotencia de Matías Caballero y su familia.