Hay novedades en la pieza separada 'Baños y Mendigo', que se desgajó del denominado caso Umbra, y que tiene como objetivo investigar si hay delito en una operación de compraventa de unos terrenos propiedad de los suegros del exalcalde Miguel Ángel Cámara por parte de una sociedad en la que tenía participación el entorno del que fuera jefe de Planeamiento Urbanístico, Joaquín Peñalver.

El valor de la transacción fue de 1,9 millones de euros y se sospecha que parte de ese dinero podría haber ido a parar, supuestamente, a una cuenta bancaria del matrimonio Cámara, según señaló el juez de Instrucción Número 8, David Castillejos, hace casi dos años en el auto sobre la investigación patrimonial a la que fue sometido el antiguo regidor. Precisamente, esas pesquisas llevaron al magistrado a decidir la apertura de la nueva pieza separada 'Baños y Mendigo', denominada así porque los terrenos vendidos por los suegros del exalcalde se encontraban en esa pedanía. La decisión de abrir esa pieza separada se hizo pública en el auto de Castillejos de noviembre de 2015, en el que se desimputaba a Cámara del caso Umbra, pero se le mantenía investigado en el caso Nueva Condomina, otra de las piezas separadas de la macrocausa, cuya investigación arrancó en 2008 con los convenios firmados por el Ayuntamiento y promotores privados en la zona norte. El fiscal Anticorrupción Juan Pablo Lozano, que lleva la acusación pública en el caso Umbra y en ambas piezas separadas; 'Baños y Mendigo' y Nueva Condomina, ha movido ficha en la que se refiere a los suegros del que fuera alcalde durante los últimos 20 años. El representante del Ministerio Publico le pide a Castillejos que declare la causa como compleja, lo que le permitirá investigar otros 18 meses más, y que «tenga por investigados» -lo que era imputado antes del cambio de la legislación- a los vendedores de los terrenos, es decir, a los suegros de Cámara, cuyas identidades responden a las iniciales T. M. B. y F. B. P., según consta en el escrito enviado el pasado 10 de mayo al juzgado de Instrucción Número 8. Lozano indica que con esta imputación puedan ser llamados a declarar «con todas las garantías para ellos», al igual que a los promotores de la actuación urbanística, en la que se incluyeron los terrenos adquiridos. La parcela que fue vendida medía 107.043,68 metros cuadrados y recibieron 18 euros por metro cuadrado, es decir, 1.928.015,70 euros.

Otro de los aspectos importantes del escrito remitido al juzgado de Instrucción Número 8, al que ha tenido acceso esta Redacción, es la petición a Castillejos de que se investiguen las ganancias obtenidas por el subdirector técnico de la concejalía de Urbanismo y funcionario municipal, Ángel Lajarín, y su esposa, en la mercantil 3D Arquides Sociedad Limitada, y se cree otra pieza separada. Lajarín fue también en el pasado número dos de la extinta Gerencia de Urbanismo y es uno de los imputados en el caso Umbra.

El fiscal dice en su escrito que el funcionario municipal y su mujer «aparecen como fiadores en su propio nombre y en nombre de la citada mercantil del préstamo hipotecario de 1,6 millones contraído por Gestión de Proyectos de Murcia, aportando como garantía la parcela comprada en subasta al Ayuntamiento».