De momento, la Comunidad Autónoma no concederá el «interés social» a un parte el campus de los Jerónimos, donde la UCAM ha construido parte de las instalaciones que dan cobertura a la Universidad Católica. La causa es que el expediente remitido por el Ayuntamiento para salvar y legalizar los edificios que se construyeron al sur del monasterio tiene defectos de forma y está mal tramitado.

Fuentes de la dirección general de Ordenación del Territorio, que es el departamento que debe dar la aprobación a esta figura excepcional que plantea la ley para legalizar edificaciones, indicaron ayer a esta Redacción que en una primera valoración, los técnicos y los servicios jurídicos de la consejería de Obras Públicas han detectado que faltan trámites burocráticos y administrativos en el expediente, que será devuelto al Ayuntamiento, concretamente a la concejalía de Urbanismo, que dirige el edil Antonio Navarro Corchón.

La UCAM levantó en la zona sur del campus varios edificios que al parecer no cumplen con la legalidad urbanística, ya que en unos casos no respetaban la licencia que se obtuvo en origen y, en otros casos, habrían sido construidos sin permiso en suelo calificado como «Suelo no urbanizable NR: Huerta, rincones y cabecera del Segura y otros espacios de alto interés» en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Además, se descubrió por parte de la concejalía de Urbanismo que algunos de los edificios superaban la edificabilidad que se podría conceder.

Esta situación, que fue denunciada en la Fiscalía por el grupo municipal Ahora Murcia, llevó a la concejalía de Urbanismo a abrir expediente sancionador a la UCAM y a remitir al Ministerio fiscal toda la documentación sobre la zona sur del campus de los Jerónimos que no se ajusta a la legalidad vigente y en la que consideran que se podría haber incurrido en un delito penal. La Fiscalía apreció indicios de delito y presentó denuncia en el juzgado.

El 6 de mayo pasado el presidencia de la Católica, José Luis Mendoza, tuvo que ir a declarar como investigado. Sin embargo, antes, en febrero, Mendoza pidió al Ayuntamiento que aplicara una autorización excepcional a este campus de la zona sur, tal y como prevé la ley para casos puntuales, aduciendo «un interés social», e incluyó en esa solicitud los 4.000 metros cuadrados que se han visto afectados por las edificaciones y otros más de 40.000 metros cuadrados que están sin construir. La concejalía de Urbanismo tramitó esa petición y la expuso durante 20 días al público. En esa fase, tanto Ahora Murcia como Cambiemos Murcia, el otro grupo de izquierdas de la oposición municipal, presentaron alegaciones contra esa iniciativa. También interpuso recurso en ese trámite público Huermur.

Después, Navarro Corchón remitió el expediente a la consejería de Obras Públicas, donde se encuentra en estos momentos a punto de ser devuelto al Ayuntamiento porque no se ha tramitado correctamente. Entre otras cosas, y según explicaron a esta Redacción fuentes de la Consejería, «el expediente está incompleto. No lleva la aprobación por parte de la junta de gobierno, de la corporación o de los órganos de dirección de la concejalía de Urbanismo, tal y como establece el artículo 104 de la ley de Ordenación del Territorio». Además, las mismas fuentes precisaron que las alegaciones presentadas en ese periodo de 20 días no han sido resueltas ni contestadas. Los servicios jurídicos de la dirección general de Ordenación del Territorio están ultimando el informe para devolver el expediente por estar incompleto al Ayuntamiento.