Año y medio más de investigación. Éste es el tiempo que ha concedido el juzgado de Instrucción Número 4 de Murcia, cuyo titular es Augusto Morales, al fiscal Anticorrupción Juan Pablo Lozano para esclarecer si se cometió delito en el marco del caso Barraca, en el que el principal imputado es Joaquín Peñalver, arquitecto municipal y ex jefe de Planeamiento de la extinta Gerencia de Urbanismo.
En el auto dictado por el juez el pasado 8 de abril, el tribunal decreta que el caso Barraca es «causa compleja», por lo que se dispone de 18 meses para su instrucción. Esta declaración de 'causa compleja' se establece en la nueva ley para procesos que conllevan una investigación judicial muy amplia y que requieren de más tiempo para su conclusión. A ese año y medio se podría unir otro periodo similar, tal y como establece la norma, aunque Fiscalía cree que no será necesario pedir esa segunda prórroga.
La Fiscalía abría en marzo de 2006 las diligencias informativas de oficio para averiguar si podrían ser delictivas las actuaciones de Peñalver al informar sobre proyectos urbanísticos realizados por el despacho de arquitectos dirigidos por uno de sus hermanos (Francisco Peñalver) y su padre (Joaquín Peñalver). Se iniciaba así la llamada Operación Barraca. En septiembre de 2007, la entonces titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Murcia, Nuria de las Heras, admitía a trámite la querella presentada por el Fiscal Jefe, Manuel López Bernal contra el exjefe de Planeamiento por presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y cohecho, según fuentes del caso. Ahora, esta investigación se verá alargada en el tiempo y cuando acabe el periodo de causa compleja -esos 18 meses- habrán pasado casi doce años desde sus inicios en 2006 en Fiscalía.
El fiscal que lleva el caso Barraca ha solicitado los movimientos bancarios de Peñalver Arquitectos desde 2005 hasta 2007 para comprobar «los verdaderos pagos y secuencias temporales de los mismos más allá de lo declarado por los investigados a la Agencia Tributaria con respecto a Joaquín Peñalver» con el fin de acreditar el delito de cohecho, explicaron ayer a esta Redacción fuentes judiciales. También pide todas las cuentas de Urbasa Mediterránea desde 2003 a 2006, para comprobar las operación que se hicieron mientras la mujer de Peñalver, Sandra de la Puente, otra de las imputadas, formó para te de ella. Estas nuevas pruebas han sido aceptadas por el juez, que también ha accedido a pedir al Colegio de Arquitectos de Murcia el expediente deontológico-disciplinario que se abrió a Francisco José Peñalver Motas y a Joaquín Peñalver Ruiz.
Además, en este caso, que suma más de una docena de imputados, se pide que comparezcan al menos tres empresarios más para tomarles declaración, ya que anteriormente no se pudieron llevar a cabo esas comparecencias.
Caso Umbra
El fiscal Lozano también pidió que se declarase causa compleja el caso Umbra, una investigación judicial que lleva a cabo el juzgado de Instrucción Número 8 de Murcia. El titular de este juzgado, David Castillejos, aún no ha resuelto esa solicitud. El caso Umbra se inició en diciembre de 2008 por una denuncia del grupo socialista admitida por la Fiscalía.
