Cuatro constructoras, dos bufetes de abogados y una consultora están en el punto de mira del juzgado de Instrucción Número 4 de Murcia, que investiga si el que fuera concejal durante 20 años José Ros pudo haber solicitado y, en su caso obtenido, comisiones ilegales y determinadas prebendas.

Estas diligencias indagatorias también se centran en conocer si el exedil, ahora en situación de desempleo, obtuvo dinero de la adjudicación y modificación de contratos administrativos a favor de terceros e incluso «adjudicaciones de contratos públicos a empresas de su propio entorno familiar», según consta en el auto dictado por el titular del Juzgado de Instrucción Número 4, Augusto Morales, al que ha tenido acceso esta Redacción.

El juez que lleva este caso, tras una denuncia efectuada por la Fiscalía, que ha indagado durante más de un año las actividades de Ros y de su mujer, que era la administradora única de una sociedad que «parece tratarse en principio de una empresa ficticia o de mera tapadera», indica en su auto que se deben practicar diversas diligencias. Una de ellas, es pedir a la Agencia Tributaria un informe sobre si cuatro constructoras, dos bufetes de abogados y una consultora realizaron trabajos para el Ayuntamiento o alguna empresa de limpieza viaria o de residuos vinculada a la Administración local del 2004 al 2014.

Precisamente, en esos años Ros fue concejal de Limpieza Viaria, encargándose del que se denominó contrato del siglo: el de recogida de basura que salió a contratación y que supone un desembolso para las arcas municipales de mil millones de euros en veinte años, a razón de cincuenta millones en cada ejercicio.

En una segunda fase, según indica en ese auto, se llamará a declarar a Pedro López, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento durante el anterior mandato, que fue uno de los denunciantes en el verano de 2014, con el fin de que explique los extremos de las declaraciones realizadas en Fiscalía, que junto a otra denuncia anónima de una mujer con el sobrenombre de 'Mercedes', han dado lugar a la investigación judicial. También deben comparecer como testigos en el tribunal dos empresarios que conocen supuestamente la petición por parte del concejal del pago de una comisión que, finalmente, no fue abonada.

Además, el juez del caso pide que declare en calidad de perito el funcionario de la Agencia Tributaria, que ha realizado durante meses la investigación económica de los bienes vinculados al concejal, a su esposa y a familiares de ambos. Una vez que todas esta diligencias estén practicadas, el juzgado de Instrucción Número 4 de Murcia pasará a la «tercera fase de investigación», según explica el propio Morales en su auto. «En su caso, de persistir los indicios de criminalidad, recibiré declaración judicial, con citación de todas las partes a los investigados don José Ros y de C. M. G.», afirma.

Los detalles en los que fija la atención el juez que instruye esta investigación es que los ingresos que se reciben en las cuentas del matrimonio resultan llamativos para la Agencia Tributaria, que ha realizado la inspección de la pareja, y que la mercantil de la que es administradora única la esposa del concejal tiene una facturación abultada pese a que no tiene empleados (sólo trabaja ella) y tampoco tiene subcontratos.