La titular del Juzgado Nº 2 de Murcia no ve indicios de delito en la cesión en 2005, por parte del Ayuntamiento, de una parcela de 135.000 metros cuadrados a la Universidad Católica San Antonio (UCAM), por lo que hace unos días decretaba el sobreseimiento del caso, uno de los dos procesos en los que está inmersa en estos momentos la privada.
La magistrada Miriam Marín (la misma que se encarga del caso Novo Carthago, que investiga presuntas ilegalidades en la recalificación de terrenos cercanos al Mar Menor) no estima que exista prevaricación ni acto ilegal alguno en una cesión «que no se ocultó, sino a la que en su momento se le dio publicidad», explicaron ayer fuentes judiciales a este diario.
Se basa en «un odio a Mendoza»
Las mismas fuentes consideraban ayer que este asunto «no tiene fundamento» y se basa en «un odio» hacia la persona de José Luis Mendoza y a la existencia de una universidad privada y de credo católico.
El entonces alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, y el presidente de la Católica, José Luis Mendoza, rubricaron en 2005 el acuerdo ante los medios de comunicación. Posteriormente, la cesión fue aprobada en Junta de Gobierno. En aquel momento, hace ahora once años, nadie impugnó esa decisión de la Junta, algo que ha podido influir también a la hora del archivo del caso.
El día que se firmó la cesión, en verano de 2005, José Luis Mendoza explicó que el solar, anexo a la Universidad Católica, «servirá para incrementar la oferta de servicios educativos».
Ahora mismo «no hay caso», admiten desde la Fiscalía, que, no obstante, ha interpuesto un recurso que espera prospere en apenas días. A la hora de poner su recurso, el fiscal Anticorrupción, Juan Pablo Lozano, solicitó un informe a la Intervención General del Estado, que, precisamente, es el mismo informe al que hacían alusión en rueda de prensa el pasado viernes los miembros de Ahora Murcia y Podemos, que anunciaron que también actuarían por la vía administrativa en este asunto de la UCAM.
«Era una parcela de 135.000 metros cuadrados que se cede en 2005 a la UCAM. Pasa a convertirse privada. La parcela estaba valorada en un principio en más de dos millones de euros. En la contabilidad de la Fundación UCAM, está valorada ahora en más de 40 millones», contaba entonces la edil Ángeles Moreno Micol.
La Fiscalía Anticorrupción también señala que el acuerdo de la cesión tenía que haberse llevado a Pleno, no ser aprobado en Junta de Gobierno, como se hizo. Asimismo, se apoya en el documento de la Intervención del Estado, que sí ve irregularidades en la cesión, para confiar en que la magistrada apoye su recurso en los próximos días y el caso vuelva a abrirse. Si se diese la circunstancia de que la juez, pese a los argumentos de la Fiscalía, siguiese sin ver indicios de delito y no estimase el recurso del fiscal, a Lozano le quedaría la opción de acudir a la Audiencia Provincial para tratar de continuar con el procedimiento en los juzgados.
Segundo escollo judicial
Este es el primer escollo judicial que supera la UCAM, que tiene otro frente abierto en los tribunales. Esta misma semana, como informaba LA OPINIÓN, se hacía público que la magistrada del Juzgado de Instrucción Nª 5 de Murcia admitía a trámite la querella por supuestas obras ilegales también en el campus de Los Jerónimos. En ese caso, el fiscal pide que se tiren estos edificios y que la UCAM ingrese en la cuenta del juzgado 40.000 euros en concepto de gastos ante una hipotética demolición.
