El Juzgado de Instrucción Nº 5 de Murcia ha admitido a trámite la querella por supuestas obras ilegales en la Universidad Católica San Antonio (UCAM). Ahora, la magistrada María del Mar Azuar (la misma que lleva el caso de la desaladora) ha de redactar las diligencias de investigación.

La querella va contra personas físicas y personas jurídicas: las responsables de la Fundación San Antonio y el Centro de Estudios Universitarios San Antonio. Aunque en el escrito del fiscal José Luis Díaz Manzanera, al que ha tenido acceso LA OPINIÓN, no se detallan los nombres de estas personas, fuentes judiciales indicaron que se trataría del propio José Luis Mendoza, presidente de la Católica, y de un pariente suyo.

Se investigan las supuestas irregularidades en la construcción de aularios, vestuarios o laboratorios. «Todos han de tener su expedientes» tras ser edificados, remarcaron las mismas fuentes. Se trata de la zona sur de la UCAM.

Asimismo, fuentes cercanas apuntaron que se pide que declaren los inspectores urbanísticos que este mismo año se personaron en la UCAM para comprobar el estado de las obras que se hicieron en esos terrenos. Estos inspectores fueron mandados por el ayuntamiento de Murcia después de que este Consistorio incoase un expediente sancionador, tras hacerse público que la Fiscalía investigaba este asunto. Asimismo, se investiga quiénes fueron el arquitecto y el constructor. «Tendrían que saber si el terreno estaba en condiciones, y este punto debe aclararse», puntualizan fuentes judiciales. Por todo esto, el fiscal solicita la demolición de estas obras presuntamente ilegales. Mientras tanto, pide a la UCAM una cantidad de 40.000 euros por gastos de demolición, dinero que la Católica habría de ingresar en la cuenta del juzgado a modo de garantía.

Las obras bajo sospecha de ser ilegales están valoradas en dos millones de euros. Demoler estos inmuebles (como pide la Fiscalía) costaría unos 40.000 euros.

Por otro lado, el Juzgado Nº 2 se ocupa de otra causa relacionada con la UCAM: la de las presuntas irregularidades en la cesión a la universidad, por parte del Ayuntamiento, de una parcela de 135.000 metros cuadrados, en la zona norte de la Católica. Este asunto pasó al Juzgado nª 2 desde el Juzgado nº 39 de Madrid, que vio indicios de delito en la cesión de estos terrenos. El fiscal Juan Pablo Lozano pidió a la Intervención General del Estado un informe, en el que se considera que esta cesión fue ilegal.

Desde la UCAM declinaron ayer hacer declaraciones al respecto.