Los imputados del caso Umbra, a los que los servicios jurídicos les piden varios años de cárcel, han comenzado a reaccionar ante el escrito remitido por el Ayuntamiento al juzgado en el que pide la apertura de juicio oral y los acusa de delitos penados con prisión. Los primeros en abrir fuego han sido Joaquín Peñalver, exjefe de Planeamiento de la Gerencia de Urbanismo, y su hermano, Francisco Javier Peñalver, que también está encausado en este asunto.
Los servicios jurídicos municipal presentaron el 8 de febrero su escrito de acusación. En él, pedían para Peñalver tres años de prisión y varios años de inhabilitación por distintos delitos, entre ellos, prevaricación y cohecho. La defensa del exjefe de Planeamiento, el bufete Pardo Geijo, considera que en el escrito remitido ayer al juzgado que el documento del Ayuntamiento no está bien motivado y que las penas no son acordes con el Código Penal que es de aplicación (los letrados municipales han pedido penas conforme al Código Penal actual y no el que estaba en vigor cuando se cometieron presuntamente los delitos).
Así, Peñalver plantea en el escrito remitido al juzgado de Instrucción Número 8 de Murcia, que investiga el caso Umbra, un incidente de nulidad contra las conclusiones provisionales del Ayuntamiento. En opinión de los letrados del funcionario municipal, el escrito «es un totum revolutum, inadmisible procesalmente. Mezcla la calificación de los hechos que considera delictivos con la autoría y la solicitud de penas y, lo que es más grave, aplica una legislación inaplicable pues maneja el Código Penal hoy vigente a unos hechos ocurridos durante la vigencia de otro Código. Pero aún más, interesa penas, a veces inferiores a veces superiores a las establecidas en el Código Penal que aplica».
La defensa de Peñalver añade en su escrito que los servicios jurídicos municipales acusan de manera vaga e insuficiente, lo que provoca indefensión en el que fuera jefe de Planeamiento de Urbanismo cuando era concejal Fernando Berberena, que también está imputado en esta causa. Precisamente, sobre el exedil afirma que «el delito por el que se le acusa erróneamente con el Código Penal Vigente estaría prescrito con el Código Penal aplicable, ya que la pena a su presunto delito sería la multa con prescripción, a tenor de dicho Código, a los tres años».
En los mismo términos se expresa el hermano de Peñalver en el escrito que también ha remitido al juzgado pidiendo la nulidad de las conclusiones provisionales del Ayuntamiento. Mientras, el que fuera director de la Gerencia Alberto Guerra ya ha pedido al alcalde, José Ballesta, que se depuren responsabilidades en el seno de los servicios jurídicos.
