El escrito de acusación del Ayuntamiento en el caso Umbra, en el que pide cárcel para los funcionarios implicados en el denominado 'convenio Casino', sigue trayendo cola y suscitando polémica, sobre todo, por las penas de cárcel e inhabilitación que se piden para los empleados municipales. Fuentes consultadas por esta Redacción indicaron que la Administración local ha cometido un error, casi de principiante, en ese documento, ya que ha establecido la petición de prisión e inhabilitación en base al nuevo Código Penal y no al que estaba vigente en el momento en que se cometieron los presuntos delitos (hace más de un lustro).
Las mismas fuentes explicaron que de haberse considerado el Código Penal pertinente (es decir el anterior), las penas exigidas no serían tan abultadas. Las normas penales vigentes (entraron en vigor en 2015) endurecen las penas por delitos de corrupción y las de inhabilitación especial para empleo o cargo público en los delitos de prevaricación administrativa, revelación de secretos, cohecho o tráfico de influencias (a los funcionarios imputados en el caso Umbra se les acusa, entre otras cosas, de prevaricación y cohecho).
Los servicios jurídicos municipales entregaron el citado documento de acusación, firmado por la letrada Amalia Saorín, el pasado 8 de febrero al juzgado de Instrucción Número 8 de Murcia, que ha llevado la investigación de esta causa sobre los acuerdos urbanísticos a los que llegaron la Administración local y un grupo de promotores que tenía terrenos en la zona norte.
En ese documento se especifica que «a esta parte interesa la apertura de juicio oral respecto de las siguientes personas». Se trata de Alberto Guerra, exdirector de la Gerencia de Urbanismo y funcionario municipal; Isabel Fernández Guerras, jefa de la Oficina de Gobierno Local y esposa de Alberto Guerra; Joaquín Peñalver, exjefe de Planeamiento y arquitecto municipal; Francisco José Peñalver, hermano del exjefe de Planeamiento; Renato de Noce, ingeniero de Caminos; Juan Antonio Megías, presidente del Casino y exconsejero del Gobierno regional; Higinio Pérez Mateos, abogado y socio de Guerra y Renato de Noce; Fernando Berberena, exconcejal de Urbanismo; Sandra Díaz García, una de las representantes de una empresa que firmó el convenio Casino con el Ayuntamiento; y José Sánchez, presidente de la Entidad Urbanística Casino.
Las penas más altas de prisión las solicitaba para los funcionarios Alberto Guerra (pide 12 años por cuatro delitos de cohecho); Isabel Fernández Guerras (otros 12 años por cuatro delitos de cohecho) y Joaquín Peñalver (tres años por un delito de cohecho). Por contra, para Fernando Berberena, la acusación popular que ostenta el Ayuntamiento quiere que se le imponga seis meses de prisión por los relojes recibidos por Renato y Mirallevant en atención a su cargo. Para Renato de Noce y Megías pide la misma pena: tres años de cárcel por un delito de malversación en la rehabilitación del Casino.
